Vendidos

Por Juan Felipe Giraldo Trejos

    Recién acabo de publicar en este blog una columna de opinión ponderando la gran acogida que tuvo la marcha del pasado domingo contra el gobierno de Petro, y ya tengo en la lengua el sabor amargo de la derrota.

    Nunca me había tocado rectificar tan rápido mi estado de ánimo con respecto a una situación política que en apenas dos días pasó de castaño a oscuro. De la alegría por la unión del pueblo colombiano en un grito unánime que hasta hoy sigue resonando en mi espíritu, hoy paso a la tristeza de reconocer que La Marcha de la Mayoría sólo sirvió para tres cosas: para nada, para nada y para nada.

    La respuesta que desde el Senado nos dieron fue haberle otorgado luz verde a la reforma pensional de Petro para ser aprobada en Cámara de Representantes, que es un nido de víboras petristas en donde nos darán la mordedura final.

    Esto es una gran bofetada contra el ciudadano que apenas hace 48 horas se pronunció en las calles, en ejercicio de su legítimo derecho a la manifestación pacífica. Ya sabíamos que el ilegítimo presidente que nos desgobierna no nos iba a escuchar, pero esperábamos mucho más del Poder Legislativo, pensando que tendrían en cuenta el clamor del pueblo.

    Pues bien, el Congreso nos ha terminado de decepcionar y nos confirma una vez más que los colombianos estamos solos, sin quien nos represente. Es un hecho la expropiación del dinero de nuestro ahorro pensional. La clase política nos vendió el futuro. Que no nos extrañe, pues la mayoría es gente sin escrúpulos que hoy más que nunca se han sabido ganar nuestra animadversión.

    Hace una semana se reunieron un puñado de senadores del Partido Liberal con el ilegítimo. De esa reunión salió un acuerdo para aprobar la reforma con una modificación minúscula (bajar el umbral para tener que cotizar en Colpensiones, no hasta 4 salarios mínimos, sino hasta 2,3 salarios) que disimulara la vendida monumental de los liberales. Luego salieron a decir que el mismo Petro los traicionó, porque una vez que le votaron su proyecto en el Senado, este envió un mensaje a la Cámara con el propósito de que se dejara el umbral de 4 salarios mínimos y así se aprobara la reforma. Eso les pasa a los liberales por tratar de ponerse a hacer hostias con el diablo.

    Pero estos vendidos del Partido Liberal y otros partidos que votaron sí a la reforma no deben quedar en el anonimato. Esta gente —con excepción de algunos senadores del Partido Centro Democrático, algunos de Cambio Radical, y uno que otro senador declarado en oposición como en el caso de JP Hernández—, no tiene escrúpulos a la hora de feriar el futuro de un país. Son estos los que nos tienen jodidos y nunca nos permitirán quitarnos el remoquete de República Bananera. Aquí apuntamos sus nombres para tenerlos en cuenta en las próximas elecciones, cuando nos estén pidiendo el voto y podamos castigarlos electoralmente. No sólo a los liberales que se le vendieron al guerrillero a último momento, sino a todos aquellos que se quedaron haciendo quorum y fueron idiotas útiles del petrismo. A esos politiqueros no les importó pasar por encima del clamor nacional para que esa reforma fuera aprobada casi que a pupitrazo. Aquí publicamos los nombres de los vendidos[1]:

    Partido Liberal: Alejandro Carlos Chacón, Alejandro Vega, Fabio Amín, Jaime Durán, Karina Espinosa, Jhon Jairo Roldán, Laura Fortich, Claudia Pérez. Los senadores Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo, Diego Chavarría y Lidio García no la apoyaron.

    Partido Conservador: Delia Liliana Benavides, Miguel Barrero y Carlos Trujillo. Congresistas como José Alfredo Marín, Germán Blanco, Juan Carlos García, Nadya Blel, Nicolás Echeverry, Juan Samy Merheg, Óscar Barrero, Marcos Pineda, Liliana Bitar, Soledad Tamayo, Efraín Cepeda y Óscar Giraldo no la apoyaron.

    Partido de la U: Julio Chagüi, Moisés Besaile, José David Name, Juan Carlos Garcés, Antonio Correa, Julio Alberto Elías y José Alfredo Gnecco. Por su parte, Alfredo Deluque, Juan Felipe Lemus y Norma Hurtado no apoyaron la reforma.

    Alianza Verde: Fabián Díaz, Inti Asprilla, Andrea Padilla, Carolina Espitia, Angélica Lozano y Ariel Ávila. Jota Pe Hernández e Iván Name no la apoyaron.

    Pacto Histórico: Wilson Arias, María José Pizarro, Isabel Zuleta, Paulino Riascos, Esmeralda Hernández, Julio Estrada, Alex Flórez, Sandra Jaimes, Iván Cepeda, Martha Peralta, Jael Quiroga, Pedro Flórez, Ferney Silva, Gloria Flórez, Clara López, Aída Quilcué, Aida Avella, Carlos Benavídez, Catalina Pérez y Robert Daza.

    Comunes y Aico (los de las Farc): Pablo Catatumbo, Imelda Daza, Sandra Ramírez, Julián Gallo, Omar Restrepo y Richard Güelantala.

    Colombia Justas Libres, ASI, En Marcha y Mira: Sor Berenice Bedoya, Gustavo Moreno, Guido Echeverry, Jairo Castellanos, Manuel Virgüez, Carlos Guevara y Ana Paola Agudelo. La senadora Beatriz Ríos no apoyó la reforma pensional.

     No apoyaron la reforma

    Centro Democrático: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Honorio Henríquez, Miguel Uribe, Paola Holguín, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Andrés Felipe Guerra, Alirio Barrera, Carlos Meisel, José Vicente Carreño y Yenny Rozo.

Cambio Radical: David Luna, Carlos Motoa, Carlos Farelo, Didier Lobo, Antonio Sabaraín, Jorge Benedetti, Edgar Díaz, Ana María Castañeda, José Luis Pérez, Carlos González y Carlos Jiménez.

    Pero no solamente nos vendieron estos politiqueros apátridas, sino también las mismas EPS’s y los mismos fondos de pensiones privados. Los colombianos, que teníamos una buena percepción de su modelo, en un momento dado respaldamos a nuestras EPS’s argumentando que había que mejorar el servicio, pero no acabar con los operadores. Mientras tanto, a los dueños de estas entidades no les importó ir a negociar su salida con Petro y defraudarnos a millones de usuarios que los sostuvimos durante años.

    Las EPS’s se vendieron, como afirma la directora de Semana, Vicky Dávila. De eso no quepa duda. Se entregaron sin dar la pelea porque nunca les importó el servicio, sino el negocio, y para no quedarse con las manos vacías prefirieron pactar y recibir la tajada que les correspondía, lo mismo que los fondos de pensiones, que tampoco van a perder nada en esta triquiñuela, esperando recibir miles de millones a cambio de liberar a todos a sus afiliados para que Petro los meta en Colpensiones. Ellos nunca pierden. Por eso no han presionado duro para que no se apruebe la reforma, si ya de antemano están comprados por el régimen. ¿Qué más da si desaparecen del escenario, si al fin y al cabo ya han ganado una fortuna con los rendimientos de nuestro dinero? Estas empresas privadas se le entregaron a Petro así sin más, y hoy el ilegítimo es dueño de nuestra salud y nuestras pensiones, además de nuestra seguridad, nuestra soberanía alimentaria, y muy pronto también dueño de los servicios públicos y la educación.

        Así las cosas, es inútil ahora pedir un juicio político contra el guerrillero. ¿Para qué? ¿Acaso la Comisión de Acusaciones, compuesta de puros petristas pura sangre, va a hacer algo por acusar al espurio presidente? Ni estúpidos que fueran. Por eso Petro se aseguró, antes que nada, el respaldo en el poder legislativo. La promesa del cambio sedujo a los incautos que cayeron en una telaraña en la cual nos enredaron a todos.

    Y supongamos que la Comisión de Acusaciones decidiera hacerle caso a la ciudadanía. Pues bien, si lo hiciera, el procedimiento sería resuelto en plenaria de Cámara de Representantes, capitolio en el que el ilegítimo tiene la mayoría, de modo que nada puede derivarse de allí. Aun así, en la hipotética posibilidad de que la acusación prosperara en Cámara, esta pasaría a ser votada en el Senado de la República, en donde precisamente están los senadores que se vendieron para aprobar la reforma pensional.

    Siendo demasiado optimistas, supongamos que el Senado se uniera y lograra votar para juzgar a Petro y luego votar por su destitución. El proceso pasaría entonces a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en últimas sería quien lo juzgue. Cuando eso suceda ya habrán pasado tres o cuatro años de un juicio dilatado y accidentado.

    No nos hagamos falsas ilusiones, que jamás un presidente ha salido como producto de un juicio político en Colombia, y Petro no será la excepción. Además, ¿de cuándo acá a un dictador de izquierda se le ha sacado por la vía constitucional en América latina? Los demócratas se sacan con votos, pero a los dictadores hay que sacarlos muertos. Esa es la cruda verdad.

    Si los vendidos no fueron capaces de salirse del recinto para dañar el quorum o de votar la reforma negativa, mucho menos van a ser capaces de votar para defenestrar al ilegítimo del poder. Les faltan huevos, pero sobre todo les faltan principios. La realidad es que, tanto en Senado como en Cámara, la inmensa mayoría está a favor de Gustavo Petro, de modo que no es viable sacarlo mediante el juicio político.

     Aun logrando todo eso, ni siquiera tendríamos la victoria segura. No olvidemos el apoyo que Petro tiene por parte de la CIDH y los organismos de la izquierda internacional. Ya una vez lo defendieron y obligaron a Santos, a través de un fallo injerencista, a restituir a Petro en su puesto de Alcalde de Bogotá cuando justificadamente el procurador de entonces, Alejandro Ordoñez, lo destituyó del cargo por detrimento patrimonial. Tal parece que esos organismos están por encima de las leyes de los países.

    Con el agravante de que, si por un juicio político logramos sacar a Petro del poder, más tardamos en redactar el fallo que las hordas salvajes de la Primera Línea, las Farc, el ELN, los narcoterroristas, los mal llamados “jóvenes en paz”, las “guardias indígenas y campesinas”. y todos los comprados por Petro con una bicoca de subsidio, en salir a hacer de las suyas incendiando el país nuevamente y provocando la guerra civil.

    También esto es culpa de la gente ignorante que elige mal, porque somos tan mediocres como ciudadanos, que todavía seguimos esperando los mesías, los caudillos, los salvadores. Por querer encontrar un redentor, lo que encontraron fue un verdugo. Ahí está, entonces, el vengador Petro haciendo y deshaciendo y sacando adelante todo su proyecto de destrucción del país con la complicidad de los vendepatrias del Congreso de la República y una oposición de cartón que cada día se parece más a la de Venezuela. ¿Qué juicio político le van a hacer a un presidente que tiene a todo el mundo en el bolsillo? Olvidémonos de ese asunto, que los políticos no son los que van a sacar la cara por nosotros. Un juicio político sólo puede ser hecho por políticos, y si lo hacen, será solamente para absolver al político mayor y darle la legitimidad que no tiene en las calles.

    Al país no le están dejando otra alternativa que la del Paro Nacional, con el riesgo de que esto se salga de las manos y se transite el camino de la violencia. Desde luego, la violencia ejercida de arriba hacia abajo, porque el ilegítimo ahí sí podría justificar la represión pretextando del golpe de Estado, qué conveniente. Y pensar que fue eso lo que el sinvergüenza intentó hacer en 2021. Porque cuando la violencia la hacen ellos, es que se trata de un “estallido social”. Si por el contrario, es el pueblo honesto el que decidiera parar como protesta contra una dictadura, entonces ahí sí se consideraría golpismo, traición a la patria. 

    Por mucho menos de lo que este guerrillero que hoy funge como presidente ha hecho, en Colombia la gente fue capaz de bajar a un dictador del poder. Ocurrió en 1958, cuando todo un país se paralizó para derrocar a Rojas Pinilla. Eran otros tiempos, claro, cuando la clase política entendía la importancia de preservar un sistema democrático y al menos se preocupaba por mantener algún tipo de estabilidad necesaria para no ser un Estado fallido a pesar de las corruptelas que se hacían y se pactaban. Hoy, ni siquiera de eso es capaz nuestra clase dirigente, al parecer entregada al dictador en ciernes que se pasa la democracia por la faja.

    Que Dios se apiade de Colombia, porque a sus políticos bien se los puede llevar el diablo. ¡Vendidos!

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[1] Vanguardia. (24 de abril de 2024). Uno a uno: así votaron los senadores la reforma pensional del gobierno nacional. https://www.vanguardia.com/colombia/2024/04/24/uno-a-uno-asi-votaron-los-senadores-la-reforma-pensional-del-gobierno-nacional/

Seguir marchando o tener que marcharse

Por Juan Felipe Giraldo Trejos

    Era preciso que sucediera lo que sucedió el pasado 21 de abril para que el mundo supiera que los colombianos amamos nuestra patria, la llevamos en el corazón a pesar de estar lejos y no estamos dispuestos a entregársela al socialismo.

    La marcha de Todos fue un éxito, y eso me motiva a pensar que todavía podemos rescatar la nación de la debacle a la que la están llevando sus dirigentes. Multitudes de personas salieron a las calles a protestar como nunca se había visto en la historia. La marcha más grande de la que se tiene noticia fue aquella que se realizó el 4 de febrero de 2008 contra las Farc, pero en aquella época se dirigió contra un grupo terrorista, no contra un gobierno, como en esta ocasión.

    Las calles se desbordaron de personas que pacíficamente hicieron sus reclamos legítimos. Incluso en algunas ciudades del exterior se organizaron protestas simultáneas, sólo que las convocatorias fueron débiles y no hubo la suficiente difusión.

    No obstante, quienes no pudimos estar en nuestro país apoyamos la marcha desde afuera con todo el corazón y agradecemos a nuestros coterráneos, pues cumplieron masivamente con la cita, entre otras cosas, para exigir la renuncia del presidente a través de la vía constitucional y no a través del Golpe de Estado como lo sugiere él. Los ciudadanos salieron a marchar por racimadas, demostrando que el ilegítimo que nos gobierna perdió el control sobre las calles.

    Lo imagino junto a un vaso de whiskey o a algún otro estimulante que desconozco, viendo por los noticieros la contundente ola que pedía su salida y dando un puñetazo a la mesa, maldiciendo el éxito de la convocatoria que desde un principio quiso que fracasara, porque ya nadie lo quiere, sino que, por el contrario, todo el país lo aborrece. Sólo lo imagino.

    A lo mejor Petro no es consciente de que es la persona más detestada de Colombia. Cree que todavía estamos en campaña, que no han pasado 20 meses desde que le entregaron el bastón de mando que jamás supo cómo utilizar para bien, porque el bien nunca ha formado parte de su esencia. Le tengo una noticia, presidente: ya no estamos en 2022. Esto es 2024, y ese cambio del que tanto usted se jactó, hoy está operando en las mentes de quienes antes lo apoyaban, que por fin abrieron los ojos a una verdad que se negaron a reconocer hasta que se sintieron engañados.

    Petro ya no tiene injerencia sobre la masa. Ha perdido la credibilidad, incluso, de muchos de los que fueron sus seguidores hasta hace poco y que hoy andan apenados por la cagadita que nos hicieron. No se preocupen, ex petristas, no seremos los de este lado quienes los juzguen, pero lo importante es desasnarse; no persistir en el error. Eso sí, no se les ocurra seguir apoyando candidatos de la izquierda extrema, porque no les perdonaremos que cometan la misma brutalidad dos veces.

    Así pues, señor Petro, ¿quería que se pronunciara el Poder Constituyente para ver si le jalaban a una nueva Constitución? Pues bien, ahí tiene. El pueblo se ha manifestado con dignidad y firmeza. Los ciudadanos buenos de todas las clases (no los de la clase dominante, según usted) que ayer salieron a las calles a gritar su salida son legión, y esa legión es real, tangible, presente, incontable: es la que en verdad nos representa a los que somos pueblo. No a ese otro pueblo que sólo existe en su cabeza y que usted piensa que lo ensalza y hasta lo quiere. Ese no existe, señor Petro, por lo menos no como opinión mayoritaria. Así como no existe petrista sin contraprestación alguna. No hay petrista sin subsidio, sin contrato, sin coima, sin mermelada. No hay petrista gratis, no hay petrista por convicción. Hay que entender, señor presidente, que esta apuesta hace rato la perdió. En todo caso, no podrá salir airoso por la fuerza que inspiran sus ideales, sino por la fuerza de su represión, de paso haciéndose merecedor a un vergonzoso lugar de desprestigio en los anales de la historia. Usted, que quiso ser el gran líder latinoamericano, hoy no es más que un monigote que da lástima.

    Antes que el futuro le tenga reservado el mismo destino que le correspondió a Calígula cuando se enteró de que el pueblo lo repudiaba, tenga la dignidad de renunciar, señor Petro, pues está más que probado que a usted no sólo no le gusta El Palacio de Nariño, como lo dijo alguna vez, sino que tampoco le gusta ser el dignatario de este país sencillamente porque lo odia. A usted nunca le gustó la política para servir, sino como un medio para obtener el poder que le permitiera enriquecerse e imponer su voluntad a sangre y fuego, si es necesario. Lo suyo son las armas y la clandestinidad, señor Petro, no las altas dignidades estamentales, ni las leyes, ni las instituciones.

    Ya dejando este mensaje claro para el “señor presidente”, no queda más que seguir trabajando como ciudadanía unida para ver si tratamos de rescatar nuestro país. De Petro no esperemos nada, que igual no cambiará su posición con respecto a las reformas que nos quiere imponer y la nueva Constitución que pretende implementarnos sin importar la forma, como bien lo dijo. Él hace rato cruzó la línea de la sensatez y se aventura por las sendas de la enajenación.

    Nosotros, como personas del común, no podemos ponernos ahora con divisiones de ideologías políticas, con reproches, con señalamientos. Ya el problema lo tenemos encima, y nos atañe a todos; tanto a petristas como a antipetristas. Hay es que ver cómo hacemos para solucionar lo que por ignorancia y soberbia provocamos.

    Por ahora nos queda seguir pidiendo el juicio político. Razones hay de sobra para reclamarlo. Por ahora seguir con los ojos encima sobre el Congreso para tener en cuenta a los legisladores que aprobaron las nefastas reformas y cobrárselas en las próximas elecciones. Por ahora exigirle a las cortes que hagan justicia.

    En caso de que la situación se agrave no tendríamos de otra que ir a un gran Paro Nacional, pero recordemos que ese es el escenario favorito del ilegítimo, pues él se mueve como pez en el agua en el caos y la destrucción, de modo que hay que hacer lo posible por no llegar a esa instancia.

    Por ahora seguir rechazando con vehemencia el camino que nos quieren hacer transitar y negarnos a recorrerlo. Por ahora salir en cada marcha, cada plantón, cada convocatoria, hasta que algún día nos sea prohibido. Dicen que las marchas no sirven de nada, y pueden tener razón, con eso no vamos a cambiar el gobierno, pero vamos a empezar a cambiar como país.

    Esta batalla apenas empieza. Por ahora seguir marchando o terminar marchándonos del todo.

Marcha contra la instauración de una dictadura socialista

Por Juan Felipe Giraldo Trejos

 

    Por estos días en que los colombianos no hemos hecho otra cosa que oír hablar del peligro inminente que se cierne sobre el país con respecto a la posible instauración de una dictadura, cae como anillo al dedo una frase que es atribuida a Calderón de la Barca y que dice así: “La voz del pueblo es la más sonora salva”.

    La voz del pueblo, decía el poeta madrileño, aludiendo talvez a que la unión de todas las voces ciudadanas podría ser más efectiva para salvarse de la tiranía que el ruido de las balas que ocasionara la rebelión. A este sentido se sumaría Abraham Lincoln de manera muy parecida cuando dijo que “una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil”. Pues bien, a esa voz que se hace sentir a través de los votos y la libre expresión, hoy se le conoce como democracia.

    La democracia que, también según Lincoln, era “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, hoy no es más que un simulacro venido a menos y la excusa perfecta de los dictadores para hacerse con el poder perpetuo. Si desde la filosofía griega ya venía Hesíodo concibiendo esa consecuente idea de que “la voz del pueblo es la voz de Dios”, y que por tanto hay que obedecerla, no nos extrañe entonces que nuestros gobernantes contemporáneos se sientan dioses. O más bien se proclamen ellos como dioses omnipotentes por el hecho de haber sido elegidos popularmente en unas votaciones “libres”. De ahí que se arroguen la potestad absoluta sobre sus representados y pretendan imponer su voluntad, porque ellos son al mismo tiempo el Soberano: el soberano pueblo y el Dios soberano.

    Ese fue uno de los peligros que los griegos no previeron, y por el cual el intento de una forma representativa de gobierno en la que los ciudadanos tenían la posibilidad de participar en la toma de decisiones —durante el apoteósico Siglo de Pericles—, a la postre resultó fallido. Y se derrumbó ese paradigma de organización política porque las oligarquías retornaron al poder, cansadas de ser desplazadas por una masa de votantes que no siempre eligió lo mejor para las polis. Entonces la propia democracia fue utilizada como pretexto por los déspotas para usurpar la voluntad de sus representados.

    Hoy, a más de 2500 años de lo sucedido en Grecia, en Colombia se está experimentando una situación similar, ya incorporada por varios de sus pares de la región que decidieron darle el puntapié a la democracia y atribuirse, en nombre de un dictadorzuelo, la machacada voz del pueblo.  

    Pero no sólo es a través de los votos como un pueblo cansado (y hasta cierto punto arrepentido) de su gobernante, elegido erróneamente, se puede expresar. También está contemplado, dentro su conjunto de leyes redactadas en democracia, el derecho a la libre expresión, a la manifestación pacífica, y con ello la derivación de la protesta social. La marcha convocada para mañana, 21 de abril, es una muestra fehaciente de que el pueblo colombiano quiere ejercer ese derecho a expresarse en contra de lo que a todas luces se revela como un gobierno dictatorial. Antes de que esa puerta nos sea clausurada, es preciso que salgamos todos a la calle y nos manifestemos para constituirnos en la salva de la que hablaba Calderón de la Barca. No sabemos si pueda ser la última vez que podamos marchar.

    A esta nueva jornada de movilizaciones, ya característica desde que Gustavo Petro asumió el mando hace menos de dos años, se le ha denominado La Marcha de Todos. Es una invitación para que la ciudadanía salga a manifestarse por aquello que la tiene inconforme de este gobierno, como las reformas atentatorias contra la salud, el trabajo y el ahorro pensional, y ni qué decir de los escándalos de corrupción, los abusos, las arbitrariedades e irresponsabilidades a la hora de manejar las finanzas y el futuro político del Estado. O marchar por las razones que cada quien considere, pero, sobre todo, por la defensa de esa frágil y vilipendiada democracia que se corrompió y que es preferible sanear antes de que se convierta en dictadura, pues hacia allá estamos avanzando.

    Porque si nos parece que la democracia, como decía Churchill, “es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás que se han inventado”, con mayor razón debemos defenderla, pues no les digo ya lo que es un sistema regido por un poder tiránico que irremediablemente deviene en el silenciamiento y la sujeción carcelaria de los individuos. Y eso si nos va bien.

    Qué le hacemos, si hasta ahora no se ha inventado nada mejor en política, y por eso Churchill tenía razón al decir que, si quitáramos de la palestra todos los sistemas de gobierno de la historia y dejáramos sólo el de la democracia, pues este sería el peor del mundo. El peor porque no habría otro. Así, es preferible conservar la voz y el voto pese a que no nos escuchen, que tener que callar para no sucumbir a la fuerza del Leviatán.

    Porque siempre se puede estar peor. Lo sabemos ahora que nos ha sabido a hiel el embeleco del tal “cambio”, que en efecto fue un cambio de la tierra al infierno.

    Claro que en los últimos años el país no ha estado nada bien, no hace falta ser un analista para saberlo. Sin embargo, Colombia ha sido una república con una tradición sólida de democracia a pesar de la queja en contra de quienes la aclamaron durante mucho tiempo y hoy están en el poder, precisamente por efecto de la misma democracia. De otra forma no habrían ganado nunca.

    Pero como los errores es mejor tratar de corregirlos, aunque sea tarde, antes que permanecer en ellos, es menester que la ciudadanía se manifieste, haga ruido, sienta su voz de protesta, exija la salida de quienes están destruyendo la nación con sus quimeras de “decrecimiento”, porque ni modo que nos tengamos que aguantar que nos quiten el país y nos lo conviertan en la nueva Cuba o la nueva Venezuela, de la que salieron exiliados más de ocho millones de ciudadanos buscando un plato de comida y convirtiéndose así en los parias del continente.

    Antes de heredar ese indeseable legado para los colombianos, es preciso dar la pelea por nuestro país, no por una motivación patriotera exacerbada, sino por una defensa del futuro, tanto de nuestra generación como de la que nos sucederá. Está en juego la tierra, el derecho a trabajar por la búsqueda de la felicidad, la libertad, la institución familiar, la dignidad, la vida misma.   

    El grito al unísono de la marcha de mañana debe ser nuevamente el “¡Fuera Petro!”; él y todos sus secuaces empobrecedores y vendepatrias, y ojalá se escuche en todos los confines del territorio nacional. Pero no simplemente gritar “fuera Petro” como un clamor de unos ciudadanos que no tienen otra cosa más para mostrar que el mero deseo de expulsarlo, sino exigir su salida inmediata a través de acciones concretas. Por eso las arengas de mañana deben centrarse también en la aplicación del artículo 109 de la Constitución, en el juicio político que la Comisión de Acusaciones (o más bien de absoluciones) le debe al país contra ese indeseable, en proclamar la caída del dictador como la única salida posible, en el apoyo a nuestro Ejército Nacional y nuestra Policía que hoy están con las manos atadas, en la burla porque ya este personajillo no tiene el apoyo de las calles; así, sin ambages ni correcciones políticas porque aquí no hay cabida para las tibiezas.

    No importa si se votó o no por ese sinvergüenza, si se es de una corriente política o de otra, si la política nos interesa o no. Pensemos en que, si no nos dolemos ahora por el futuro del país, nadie se dolerá mañana por el de nosotros.

    Es el momento de salir a la calle mientras se pueda y dejar en claro que los colombianos no queremos dictadura, no queremos agacharle la cabeza a los terroristas que se pasean orondos por pueblos y ciudades con la anuencia de un presidente que todavía conserva su corazón de terrorista; no queremos pagar un peso más por la gasolina, ni más alzas en los alimentos; no queremos someternos a una salud estatizada, ni entregar los ahorros de nuestra pensión para que los vuelvan una feria de repartijas, ni perder el empleo cuando las empresas y los inversionistas decidan marcharse con sus emprendimientos a otra parte, ni pagar tres veces más por el gas importado cuando aquí lo podemos producir, ni sufrir racionamientos de agua potable y cortes de energía eléctrica e internet al mejor estilo socialista, ni mucho menos tener que abandonar el suelo patrio para que la camarilla de vagos comunistas se quede con aquello por lo que jamás lucharon.

    Que retorne la “libertad y orden” que alguna vez nos identificó como un pueblo respetuoso de sus leyes y sus instituciones. Hoy esa libertad está secuestrada por un régimen que nos pulverizó el orden; el poco orden que podían garantizarnos nuestras fuerzas de seguridad, ya diezmadas y desmoralizadas. Que se sienta que el indeseable presidente que tenemos tiene a todo un país en contra. Seguramente la marcha no servirá para sacarlo del poder, pero al menos golpeará duro en su ego. Si no sirven las marchas y la ciudadanía se desgasta, pronto nos veremos avocados a un Paro Nacional, y de la justicia depende que no lleguemos a esos extremos.

    Todavía tenemos país por recuperar. Todavía hay una nación por la que se puede pelear, y esa nación, espero, se levantará mañana y hará sentir su voz como nunca la ha hecho para exigir que no nos monten una dictadura socialista. Eso jamás.

Más vale que no te enfermes

Por Juan Felipe Giraldo Trejos

    Fue hace 31 años cuando se promulgó en Colombia la conocida ley Número 100 de 1993 “por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral, que tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad…”.

    En ese entonces, el país estaba inmerso en una crisis social y económica, además de política (igual que hoy), en parte motivada por la guerra entre los carteles de las mafias, lo cual también afectó significativamente los servicios de salud. Fue en el año de 1993 cuando un senador de la República de nombre Álvaro Uribe Vélez propuso una reforma sobre la base de un modelo de aseguramiento que aumentara la cobertura de atención médica al grueso de la población, utilizando para ello a operadores privados encargados de administrar y gestionar los recursos, y que fueron conocidos luego como Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales funcionaron en alianza con el Estado. Este, a su vez, contribuía con una parte importante para el sostenimiento del nuevo sistema a raíz del mayor número posible de afiliados. Estos afiliados o usuarios tuvieron que pagar un porcentaje de su salario llamado cotización, según el régimen al que pertenecieran: régimen contributivo o subsidiado.

    A diferencia de lo que hubo hasta 1994, básicamente de lo que se trató este nuevo modelo impulsado a través de la Ley 100 de Uribe, es que el usuario se afiliara a una de estas entidades según su elección, y de esta forma pudiera acceder a servicios de consulta, exámenes, tratamientos y medicamentos contemplados en un muy básico y reducido Plan Obligatorio de Salud (POS), que era cubierto por la EPS. Pero todo tratamiento, examen, cirugía o medicación que no estuviera contemplado en este plan, debía ser cubierto por el contribuyente. Las EPS's, a su vez, se encargaban de pagar a las clínicas, hospitales y otras Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por los servicios que estos proporcionaban a los afiliados.

    La Ley 100 fue un arquetipo de aseguramiento en salud y pensión basado en lo que ya se había puesto en práctica en algunos países del primer mundo, de manera que tampoco fue una idea del todo innovadora. Su ventaja fue el aumento de la cobertura, pues más del 90% de la población colombiana ha estado afiliada al sistema desde entonces, beneficiando a los sectores más vulnerables de la sociedad que no pueden pagar un médico particular y que fueron víctimas de la inoperancia del Seguro Social, el cual era la institución que regentaba el Estado y por cuyo colapso debido al agotamiento de las reservas e insuficientes cotizaciones, hubo que hacerse la Ley 100 para reemplazarlo.

    Su desventaja, es que con el paso del tiempo el buen funcionamiento se pervirtió por la corrupción y la negligencia de algunos operadores que no solo se caracterizaron por los malos manejos de los recursos de sus usuarios, sino que además pretendieron ejercer control total de la cadena a través de la integración vertical, o invirtiendo en clínicas, laboratorios, u otros negocios de distinta índole, cuando esa no era la función que la ley había contemplado para ellos. A pesar de todo, sigue siendo un modelo rescatable, susceptible de mejorar, y el menos malo que hemos podido tener en 200 años de vida republicana dentro de las limitadas posibilidades que existen, pues es un esquema que atiende a la lógica del capital, como no podía ser de otra forma.

    Sólo un porcentaje reducido de colombianos con suficientes ingresos podía acceder a servicios de salud privilegiados antes de 1994, cuando comenzó a ponerse en marcha el sistema basado en el aseguramiento a través de las intermediarias privadas. En aquel entonces, existían las llamadas “Secretarías Seccionales de Salud, las cuales “manejaban los recursos, nombraban funcionarios, hacían las auditorías”[1], pero que al mismo tiempo eran ineficientes, mal financiadas y con una escasa cobertura. También estaba el mencionado Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICCSS y luego ISS), creado en 1946 y encargado de la seguridad social de los empleados del sector privado, en contraposición a la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), encargada de la seguridad social de los empleados del sector público.[2]

    La entidad del llamado Seguro Social era la responsable de asegurar la salud y pensión de la mayoría de los colombianos, pero como este órgano del Estado se llenó de burocracia, corrupción y desgreño administrativo, además de que allí metieron la mano los políticos, se hizo inviable, pues no sólo comenzó a prestar el peor servicio, sino que tampoco pudo dar abasto para pagar las pensiones de vejez de los miles de jubilados que desde 1946 llevaban aportando al sistema.

    Finalmente, la liquidación del Instituto de Seguros Sociales se llevó a cabo en 2008, al menos en su componente de salud, y luego en 2012 se liquidó el componente pensional, pasando a ser Colpensiones. Tuvo que desaparecer porque sencillamente el Estado no tuvo cómo saldar los pasivos pensionales ni atender de forma eficiente las necesidades que demandaba todo un país. El Seguro Social se convirtió en una bomba de tiempo que estalló cuando llegó a un estado de iliquidez y a un nivel de pasivos tal, que fue más fácil acabarlo que recuperarlo.

    Algo similar ocurre con las EPS’s, cuyo talón de Aquiles también fue la corrupción, al parecer inherente a toda la actividad humana. Por desgracia, lo que primó con el tiempo ya no fue brindar un buen servicio, sino el ánimo de lucro con miras a obtener la máxima rentabilidad. Así, la salud quedó reducida a un negocio más del sector privado. Algunas Entidades Promotoras incurrieron en conductas non sanctas por apartarse la ética, cuyas consecuencias se vieron reflejadas en la disminución de calidad de sus operaciones, la ralentización para asignar citas con especialistas y entregar medicamentos de alto costo a los pacientes, así como la postergación indefinida de tratamientos y cirugías que las EPS’s, por ley, debían cubrir, aún a costa de afectar su margen de ganancia.

    Hoy, cuando el sistema está en la peor crisis de su historia, gracias también a que el gobierno Petro le ha dado una manito para su disolución, las Entidades Promotoras de Salud que han quedado en pie están al borde de la quiebra y su servicio casi que se ha supeditado a la atención más elemental de la salud: consultas de medicina general, cirugías ambulatorias o de bajo costo y medicamentos genéricos, si acaso se consiguen. Para los casos críticos, al parecer el antiguo Seguro Social gozaba de mejor fama.

    Pero ahí está el meollo del asunto que ha producido toda esta debacle: que el modelo actual es el que se debe mejorar para que, además de cobertura, también se obtenga calidad, en lugar de volver a un esquema inspirado en el Instituto de Seguros Sociales que existió hace treinta años y fue un fracaso, y que es el que propone el actual gobierno.

    Con un agravante, y es que el dinero para la salud que los colombianos de todas maneras estarán obligados a pagar, no sería manejado por empresas privadas sujetas a las disposiciones de entidades de vigilancia externa como lo es la Superintendencia de Salud, sino que sería manejado por los politiqueros de turno encargados de las diferentes administraciones locales. Desde luego, es un pequeño alivio que esa reforma haya sido archivada en el Congreso de la República, pues los colombianos estamos hartos de los políticos administrando nuestro dinero: ya sabemos que al final la plata del pueblo termina engordando sus cuentas bancarias.

    No obstante, el gobierno de Gustavo Petro se niega a aceptar esta derrota política y pretende instaurar su nefasta reforma a la salud por la vía del decreto. La intervención de las EPS’s Sanitas y Nueva EPS no ha sido una casualidad justo el día en que se le hundió su proyecto. Los colombianos estamos conscientes de que lo que hizo el ex guerrillero Petro no fue una “intervención”, sino una expropiación, lisa y llana, al mejor estilo de su héroe Hugo Chávez en su tiempo.

    Es que las dictaduras comienzan cuando el tirano dictador se apropia de las historias clínicas de sus ciudadanos, y ese es el modelo por el que el gran sinvergüenza apuesta. Para ello tiene en mente la imposición de sus famosos médicos cubanos que no son otra cosa que militantes con bata: nuestra vida en manos del enemigo; nada más eso nos faltaba.

    Tengo la sospecha de que en realidad al okupa del palacio de Nariño sí le gusta el modelo de salud actual, porque las cifras indican que es uno de los mejores sistemas de la región a pesar de sus fallas, además de que quienes se han visto más beneficiados con él, han sido los ciudadanos de más escasos recursos; los que supuestamente Petro representa. Sólo que a ese sujeto le duele no haber sido el autor de la Ley 100, porque lo fue uno de sus más asiduos detractores: el expresidente Uribe. Y sobre todo le duele porque a pesar del desprestigio al que la izquierda sometió a este último, Petro no tiene ni tendrá jamás el respaldo popular que Uribe sí tuvo. Por eso quiere hacer trizas la ley que no fue capaz de proponer en su momento y trata de inventarse un mecanismo nuevo que no es otra cosa que la regresión a lo viejo con todos los errores repotenciados.

    A Petro le habría gustado decir que fue él quien propuso la reforma a la salud que mejores resultados le ha dado al país, pero se le adelantaron. De modo que no le queda de otra que pretender reinventarse la patria con un sistema estatista para someter a todos los actores involucrados: tanto médicos como pacientes perderán su derecho a aliviar y ser aliviados.

    Lo que está en juego no es un aparato montado para beneficiar sólo a unos cuantos, sino la libertad y la independencia del ciudadano mismo para que el Estado no tenga siquiera la posibilidad de saber de qué se va a morir. En caso de imponerse la reforma del gobierno, el Estado va a tener la potestad, no sólo de saberlo, sino de ordenarlo. Para esa gracia, más habrá valido encontrarnos con la muerte antes de enfermarnos, porque enfermarse en un país que estatizó su sistema de salud será como morir dos veces.

 

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[1] Daniela Vanessa Ortiz Álvarez. (diciembre 24 de 2022). Reforma a la salud: ¿Volveremos al sistema que existía antes de 1993? El Tiempo. https://eltiempo.com/amp/salud/reforma-a-la-salud-volveremos-al-sistema-que-existia-antes-de-1993-728637

[2] Wikipedia.org. Instituto de Seguros Sociales.

 https://es.m.wikipedia.org/wiki/instituto_de_seguros_sociales