Fue hace 31 años cuando se promulgó en
Colombia la conocida ley Número 100 de 1993 “por la cual se crea el Sistema
General de Seguridad Social Integral, que tiene por objeto garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad…”.
En ese entonces, el país estaba inmerso en
una crisis social y económica, además de política (igual que hoy), en parte
motivada por la guerra entre los carteles de las mafias, lo cual también afectó
significativamente los servicios de salud. Fue en el año de 1993 cuando un
senador de la República de nombre Álvaro Uribe Vélez propuso una reforma sobre
la base de un modelo de aseguramiento que aumentara la cobertura de atención
médica al grueso de la población, utilizando para ello a operadores privados
encargados de administrar y gestionar los recursos, y que fueron conocidos luego
como Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales funcionaron en alianza con
el Estado. Este, a su vez, contribuía con una parte importante para el sostenimiento
del nuevo sistema a raíz del mayor número posible de afiliados. Estos afiliados
o usuarios tuvieron que pagar un porcentaje de su salario llamado cotización,
según el régimen al que pertenecieran: régimen contributivo o subsidiado.
A diferencia de lo que hubo hasta 1994,
básicamente de lo que se trató este nuevo modelo impulsado a través de la Ley
100 de Uribe, es que el usuario se afiliara a una de estas entidades según su
elección, y de esta forma pudiera acceder a servicios de consulta, exámenes,
tratamientos y medicamentos contemplados en un muy básico y reducido Plan
Obligatorio de Salud (POS), que era cubierto por la EPS. Pero todo tratamiento,
examen, cirugía o medicación que no estuviera contemplado en este plan, debía
ser cubierto por el contribuyente. Las EPS's, a su vez, se encargaban de pagar a
las clínicas, hospitales y otras Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por
los servicios que estos proporcionaban a los afiliados.
La Ley 100 fue un arquetipo de
aseguramiento en salud y pensión basado en lo que ya se había puesto en práctica
en algunos países del primer mundo, de manera que tampoco fue una idea del todo
innovadora. Su ventaja fue el aumento de la cobertura, pues más del 90% de la
población colombiana ha estado afiliada al sistema desde entonces, beneficiando
a los sectores más vulnerables de la sociedad que no pueden pagar un médico
particular y que fueron víctimas de la inoperancia del Seguro Social, el cual
era la institución que regentaba el Estado y por cuyo colapso debido al
agotamiento de las reservas e insuficientes cotizaciones, hubo que hacerse la
Ley 100 para reemplazarlo.
Su desventaja, es que con el paso del
tiempo el buen funcionamiento se pervirtió por la corrupción y la negligencia de algunos operadores
que no solo se caracterizaron por los malos manejos de los recursos de sus
usuarios, sino que además pretendieron ejercer control total de la cadena a
través de la integración vertical, o invirtiendo en clínicas, laboratorios, u
otros negocios de distinta índole, cuando esa no era la función que la ley
había contemplado para ellos. A pesar de todo, sigue siendo un modelo
rescatable, susceptible de mejorar, y el menos malo que hemos podido tener en
200 años de vida republicana dentro de las limitadas posibilidades que existen,
pues es un esquema que atiende a la lógica del capital, como no podía ser de
otra forma.
Sólo un porcentaje reducido de colombianos con
suficientes ingresos podía acceder a servicios de salud privilegiados antes de
1994, cuando comenzó a ponerse en marcha el sistema basado en el aseguramiento
a través de las intermediarias privadas. En aquel entonces, existían las llamadas
“Secretarías Seccionales de Salud, las cuales “manejaban los recursos,
nombraban funcionarios, hacían las auditorías”[1],
pero que al mismo tiempo eran ineficientes, mal financiadas y con una escasa
cobertura. También estaba el mencionado Instituto Colombiano de los Seguros
Sociales (ICCSS y luego ISS), creado en 1946 y encargado de la seguridad social
de los empleados del sector privado, en contraposición a la Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal), encargada de la seguridad social de los empleados
del sector público.[2]
La entidad del llamado Seguro Social era la
responsable de asegurar la salud y pensión de la mayoría de los colombianos,
pero como este órgano del Estado se llenó de burocracia, corrupción y desgreño
administrativo, además de que allí metieron la mano los políticos, se hizo
inviable, pues no sólo comenzó a prestar el peor servicio, sino que tampoco
pudo dar abasto para pagar las pensiones de vejez de los miles de jubilados que
desde 1946 llevaban aportando al sistema.
Algo similar ocurre con las EPS’s, cuyo
talón de Aquiles también fue la corrupción, al parecer inherente a toda la
actividad humana. Por desgracia, lo que primó con el tiempo ya no fue brindar
un buen servicio, sino el ánimo de lucro con miras a obtener la máxima
rentabilidad. Así, la salud quedó reducida a un negocio más del sector privado.
Algunas Entidades Promotoras incurrieron en conductas non sanctas por apartarse
la ética, cuyas consecuencias se vieron reflejadas en la disminución de calidad
de sus operaciones, la ralentización para asignar citas con especialistas y
entregar medicamentos de alto costo a los pacientes, así como la postergación
indefinida de tratamientos y cirugías que las EPS’s, por ley, debían cubrir,
aún a costa de afectar su margen de ganancia.
Hoy, cuando el sistema está en la peor crisis de su historia, gracias también a que el gobierno Petro le ha dado una manito para su disolución, las Entidades Promotoras de Salud que han quedado en pie están al borde de la quiebra y su servicio casi que se ha supeditado a la atención más elemental de la salud: consultas de medicina general, cirugías ambulatorias o de bajo costo y medicamentos genéricos, si acaso se consiguen. Para los casos críticos, al parecer el antiguo Seguro Social gozaba de mejor fama.
Pero ahí está el meollo del asunto que ha
producido toda esta debacle: que el modelo actual es el que se debe mejorar
para que, además de cobertura, también se obtenga calidad, en lugar de volver a
un esquema inspirado en el Instituto de Seguros Sociales que existió hace
treinta años y fue un fracaso, y que es el que propone el actual gobierno.
Con un agravante, y es que el dinero para
la salud que los colombianos de todas maneras estarán obligados a pagar, no
sería manejado por empresas privadas sujetas a las disposiciones de entidades
de vigilancia externa como lo es la Superintendencia de Salud, sino que sería
manejado por los politiqueros de turno encargados de las diferentes
administraciones locales. Desde luego, es un pequeño alivio que esa reforma
haya sido archivada en el Congreso de la República, pues los colombianos
estamos hartos de los políticos administrando nuestro dinero: ya sabemos que al
final la plata del pueblo termina engordando sus cuentas bancarias.
No obstante, el gobierno de Gustavo Petro
se niega a aceptar esta derrota política y pretende instaurar su nefasta
reforma a la salud por la vía del decreto. La intervención de las EPS’s Sanitas
y Nueva EPS no ha sido una casualidad justo el día en que se le hundió
su proyecto. Los colombianos estamos conscientes de que lo que hizo el ex
guerrillero Petro no fue una “intervención”, sino una expropiación, lisa
y llana, al mejor estilo de su héroe Hugo Chávez en su tiempo.
Es que las dictaduras comienzan cuando el
tirano dictador se apropia de las historias clínicas de sus ciudadanos, y ese
es el modelo por el que el gran sinvergüenza apuesta. Para ello tiene en mente
la imposición de sus famosos médicos cubanos que no son otra cosa que militantes
con bata: nuestra vida en manos del enemigo; nada más eso nos faltaba.
Tengo la sospecha de que en realidad al okupa
del palacio de Nariño sí le gusta el modelo de salud actual, porque las cifras
indican que es uno de los mejores sistemas de la región a pesar de sus fallas,
además de que quienes se han visto más beneficiados con él, han sido los
ciudadanos de más escasos recursos; los que supuestamente Petro representa.
Sólo que a ese sujeto le duele no haber sido el autor de la Ley 100, porque lo
fue uno de sus más asiduos detractores: el expresidente Uribe. Y sobre todo le
duele porque a pesar del desprestigio al que la izquierda sometió a este
último, Petro no tiene ni tendrá jamás el respaldo popular que Uribe sí tuvo.
Por eso quiere hacer trizas la ley que no fue capaz de proponer en su momento y
trata de inventarse un mecanismo nuevo que no es otra cosa que la regresión a
lo viejo con todos los errores repotenciados.
A Petro le habría gustado decir que fue él quien
propuso la reforma a la salud que mejores resultados le ha dado al país, pero
se le adelantaron. De modo que no le queda de otra que pretender reinventarse
la patria con un sistema estatista para someter a todos los actores
involucrados: tanto médicos como pacientes perderán su derecho a aliviar y ser
aliviados.
[1] Daniela
Vanessa Ortiz Álvarez. (diciembre 24 de 2022). Reforma a la salud: ¿Volveremos
al sistema que existía antes de 1993? El Tiempo.
https://eltiempo.com/amp/salud/reforma-a-la-salud-volveremos-al-sistema-que-existia-antes-de-1993-728637
[2] Wikipedia.org. Instituto de Seguros Sociales.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/instituto_de_seguros_sociales
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