Recién acabo de publicar en este blog una columna de opinión ponderando la
gran acogida que tuvo la marcha del pasado domingo contra el gobierno de Petro,
y ya tengo en la lengua el sabor amargo de la derrota.
Nunca
me había tocado rectificar tan rápido mi estado de ánimo con respecto a una situación
política que en apenas dos días pasó de castaño a oscuro. De la alegría por la
unión del pueblo colombiano en un grito unánime que hasta hoy sigue resonando
en mi espíritu, hoy paso a la tristeza de reconocer que La Marcha de la Mayoría
sólo sirvió para tres cosas: para nada, para nada y para nada.
La
respuesta que desde el Senado nos dieron fue haberle otorgado luz verde a la reforma
pensional de Petro para ser aprobada en Cámara de Representantes, que es un
nido de víboras petristas en donde nos darán la mordedura final.
Esto es una gran bofetada contra el ciudadano
que apenas hace 48 horas se pronunció en las calles, en ejercicio de su
legítimo derecho a la manifestación pacífica. Ya sabíamos que el ilegítimo presidente que nos desgobierna no nos iba a escuchar, pero esperábamos mucho
más del Poder Legislativo, pensando que tendrían en cuenta el clamor del pueblo.
Pues
bien, el Congreso nos ha terminado de decepcionar y nos confirma una vez más
que los colombianos estamos solos, sin quien nos represente. Es un hecho la
expropiación del dinero de nuestro ahorro pensional. La clase política nos vendió
el futuro. Que no nos extrañe, pues la mayoría es gente sin escrúpulos que hoy
más que nunca se han sabido ganar nuestra animadversión.
Hace
una semana se reunieron un puñado de senadores del Partido Liberal con el ilegítimo.
De esa reunión salió un acuerdo para aprobar la reforma con una modificación minúscula
(bajar el umbral para tener que cotizar en Colpensiones, no hasta 4 salarios
mínimos, sino hasta 2,3 salarios) que disimulara la vendida monumental de los
liberales. Luego salieron a decir que el mismo Petro los traicionó, porque una
vez que le votaron su proyecto en el Senado, este envió un mensaje a la Cámara con
el propósito de que se dejara el umbral de 4 salarios mínimos y así se aprobara
la reforma. Eso les pasa a los liberales por tratar de ponerse a hacer hostias con
el diablo.
Pero
estos vendidos del Partido Liberal y otros partidos que votaron sí a la reforma
no deben quedar en el anonimato. Esta gente —con excepción de algunos senadores
del Partido Centro Democrático, algunos de Cambio Radical, y uno que otro
senador declarado en oposición como en el caso de JP Hernández—, no tiene
escrúpulos a la hora de feriar el futuro de un país. Son estos los que nos
tienen jodidos y nunca nos permitirán quitarnos el remoquete de
República Bananera. Aquí apuntamos sus nombres para tenerlos en cuenta en las
próximas elecciones, cuando nos estén pidiendo el voto y podamos castigarlos
electoralmente. No sólo a los liberales que se le vendieron al guerrillero
a último momento, sino a todos aquellos que se quedaron haciendo quorum
y fueron idiotas útiles del petrismo. A esos politiqueros no les importó pasar
por encima del clamor nacional para que esa reforma fuera aprobada casi que a
pupitrazo. Aquí publicamos los nombres de los vendidos[1]:
Partido
Liberal: Alejandro Carlos Chacón, Alejandro Vega, Fabio Amín, Jaime Durán,
Karina Espinosa, Jhon Jairo Roldán, Laura Fortich, Claudia Pérez. Los senadores
Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo, Diego Chavarría y Lidio
García no la apoyaron.
Partido
Conservador: Delia Liliana Benavides, Miguel Barrero y Carlos Trujillo.
Congresistas como José Alfredo Marín, Germán Blanco, Juan Carlos García, Nadya
Blel, Nicolás Echeverry, Juan Samy Merheg, Óscar Barrero, Marcos Pineda,
Liliana Bitar, Soledad Tamayo, Efraín Cepeda y Óscar Giraldo no la apoyaron.
Partido
de la U: Julio Chagüi, Moisés Besaile, José David Name, Juan Carlos Garcés,
Antonio Correa, Julio Alberto Elías y José Alfredo Gnecco. Por su parte,
Alfredo Deluque, Juan Felipe Lemus y Norma Hurtado no apoyaron la reforma.
Alianza
Verde: Fabián Díaz, Inti Asprilla, Andrea Padilla, Carolina Espitia,
Angélica Lozano y Ariel Ávila. Jota Pe Hernández e Iván Name no la apoyaron.
Pacto
Histórico: Wilson Arias, María José Pizarro, Isabel Zuleta, Paulino
Riascos, Esmeralda Hernández, Julio Estrada, Alex Flórez, Sandra Jaimes, Iván
Cepeda, Martha Peralta, Jael Quiroga, Pedro Flórez, Ferney Silva, Gloria
Flórez, Clara López, Aída Quilcué, Aida Avella, Carlos Benavídez, Catalina
Pérez y Robert Daza.
Comunes
y Aico (los de las Farc): Pablo Catatumbo, Imelda Daza, Sandra Ramírez,
Julián Gallo, Omar Restrepo y Richard Güelantala.
Colombia
Justas Libres, ASI, En Marcha y Mira: Sor Berenice Bedoya, Gustavo Moreno,
Guido Echeverry, Jairo Castellanos, Manuel Virgüez, Carlos Guevara y Ana Paola
Agudelo. La senadora Beatriz Ríos no apoyó la reforma pensional.
No apoyaron la reforma
Centro
Democrático: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Honorio Henríquez,
Miguel Uribe, Paola Holguín, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Andrés Felipe
Guerra, Alirio Barrera, Carlos Meisel, José Vicente Carreño y Yenny Rozo.
Cambio Radical: David Luna, Carlos Motoa, Carlos Farelo,
Didier Lobo, Antonio Sabaraín, Jorge Benedetti, Edgar Díaz, Ana María
Castañeda, José Luis Pérez, Carlos González y Carlos Jiménez.
Pero
no solamente nos vendieron estos politiqueros apátridas, sino también las
mismas EPS’s y los mismos fondos de pensiones privados. Los colombianos, que
teníamos una buena percepción de su modelo, en un momento dado respaldamos a
nuestras EPS’s argumentando que había que mejorar el servicio, pero no acabar
con los operadores. Mientras tanto, a los dueños de estas entidades no les
importó ir a negociar su salida con Petro y defraudarnos a millones de usuarios
que los sostuvimos durante años.
Las
EPS’s se vendieron, como afirma la directora de Semana, Vicky Dávila. De eso no
quepa duda. Se entregaron sin dar la pelea porque nunca les importó el
servicio, sino el negocio, y para no quedarse con las manos vacías prefirieron pactar
y recibir la tajada que les correspondía, lo mismo que los fondos de pensiones,
que tampoco van a perder nada en esta triquiñuela, esperando recibir miles de
millones a cambio de liberar a todos a sus afiliados para que Petro los meta en
Colpensiones. Ellos nunca pierden. Por eso no han presionado duro para que no
se apruebe la reforma, si ya de antemano están comprados por el régimen. ¿Qué
más da si desaparecen del escenario, si al fin y al cabo ya han ganado una
fortuna con los rendimientos de nuestro dinero? Estas empresas privadas se le
entregaron a Petro así sin más, y hoy el ilegítimo es dueño de nuestra salud y
nuestras pensiones, además de nuestra seguridad, nuestra soberanía alimentaria,
y muy pronto también dueño de los servicios públicos y la educación.
Así las cosas, es inútil ahora pedir un juicio político contra el guerrillero. ¿Para qué? ¿Acaso la Comisión de Acusaciones, compuesta de puros petristas pura sangre, va a hacer algo por acusar al espurio presidente? Ni estúpidos que fueran. Por eso Petro se aseguró, antes que nada, el respaldo en el poder legislativo. La promesa del cambio sedujo a los incautos que cayeron en una telaraña en la cual nos enredaron a todos.
Y supongamos
que la Comisión de Acusaciones decidiera hacerle caso a la ciudadanía. Pues
bien, si lo hiciera, el procedimiento sería resuelto en plenaria de Cámara de
Representantes, capitolio en el que el ilegítimo tiene la mayoría, de
modo que nada puede derivarse de allí. Aun así, en la hipotética posibilidad de
que la acusación prosperara en Cámara, esta pasaría a ser votada en el Senado
de la República, en donde precisamente están los senadores que se vendieron
para aprobar la reforma pensional.
Siendo demasiado optimistas, supongamos que el Senado se uniera y lograra
votar para juzgar a Petro y luego votar por su destitución. El proceso pasaría
entonces a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en últimas sería
quien lo juzgue. Cuando eso suceda ya habrán pasado tres o cuatro años de un juicio
dilatado y accidentado.
No
nos hagamos falsas ilusiones, que jamás un presidente ha salido como producto
de un juicio político en Colombia, y Petro no será la excepción. Además, ¿de
cuándo acá a un dictador de izquierda se le ha sacado por la vía constitucional
en América latina? Los demócratas se sacan con votos, pero a los dictadores hay
que sacarlos muertos. Esa es la cruda verdad.
Si
los vendidos no fueron capaces de salirse del recinto para dañar el quorum
o de votar la reforma negativa, mucho menos van a ser capaces de votar para
defenestrar al ilegítimo del poder. Les faltan huevos, pero sobre todo
les faltan principios. La realidad es que, tanto en Senado como en Cámara, la
inmensa mayoría está a favor de Gustavo Petro, de modo que no es viable sacarlo
mediante el juicio político.
Aun
logrando todo eso, ni siquiera tendríamos la victoria segura. No olvidemos el apoyo
que Petro tiene por parte de la CIDH y los organismos de la izquierda
internacional. Ya una vez lo defendieron y obligaron a Santos, a través de un
fallo injerencista, a restituir a Petro en su puesto de Alcalde de Bogotá
cuando justificadamente el procurador de entonces, Alejandro Ordoñez, lo
destituyó del cargo por detrimento patrimonial. Tal parece que esos organismos
están por encima de las leyes de los países.
Con
el agravante de que, si por un juicio político logramos sacar a Petro del
poder, más tardamos en redactar el fallo que las hordas salvajes de la Primera
Línea, las Farc, el ELN, los narcoterroristas, los mal llamados “jóvenes en
paz”, las “guardias indígenas y campesinas”. y todos los comprados por Petro
con una bicoca de subsidio, en salir a hacer de las suyas incendiando el país
nuevamente y provocando la guerra civil.
También
esto es culpa de la gente ignorante que elige mal, porque somos tan mediocres
como ciudadanos, que todavía seguimos esperando los mesías, los caudillos, los
salvadores. Por querer encontrar un redentor, lo que encontraron fue un
verdugo. Ahí está, entonces, el vengador Petro haciendo y deshaciendo y sacando
adelante todo su proyecto de destrucción del país con la complicidad de los vendepatrias
del Congreso de la República y una oposición de cartón que cada día se parece
más a la de Venezuela. ¿Qué juicio político le van a hacer a un presidente que
tiene a todo el mundo en el bolsillo? Olvidémonos de ese asunto, que los
políticos no son los que van a sacar la cara por nosotros. Un juicio político
sólo puede ser hecho por políticos, y si lo hacen, será solamente para absolver
al político mayor y darle la legitimidad que no tiene en las calles.
Al
país no le están dejando otra alternativa que la del Paro Nacional, con el
riesgo de que esto se salga de las manos y se transite el camino de la
violencia. Desde luego, la violencia ejercida de arriba hacia abajo, porque el ilegítimo
ahí sí podría justificar la represión pretextando del golpe de Estado, qué
conveniente. Y pensar que fue eso lo que el sinvergüenza intentó hacer en 2021.
Porque cuando la violencia la hacen ellos, es que se trata de un “estallido
social”. Si por el contrario, es el pueblo honesto el que decidiera parar como protesta contra una dictadura, entonces ahí sí se consideraría golpismo, traición
a la patria.
Por
mucho menos de lo que este guerrillero que hoy funge como presidente ha hecho, en
Colombia la gente fue capaz de bajar a un dictador del poder. Ocurrió en 1958,
cuando todo un país se paralizó para derrocar a Rojas Pinilla. Eran otros
tiempos, claro, cuando la clase política entendía la importancia de preservar
un sistema democrático y al menos se preocupaba por mantener algún tipo de
estabilidad necesaria para no ser un Estado fallido a pesar de las corruptelas
que se hacían y se pactaban. Hoy, ni siquiera de eso es capaz nuestra clase dirigente,
al parecer entregada al dictador en ciernes que se pasa la democracia por la
faja.
[1] Vanguardia. (24 de abril de 2024). Uno a uno: así votaron los senadores la reforma pensional del gobierno nacional. https://www.vanguardia.com/colombia/2024/04/24/uno-a-uno-asi-votaron-los-senadores-la-reforma-pensional-del-gobierno-nacional/
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