Humillados, ofendidos y asesinados

Por Juan Felipe Giraldo Trejos

 

En memoria del agente

Ricardo Arley Monroy Prieto

 

    Me voy a poner hoy en el lugar de un padre y una madre que perdieron a su hijo, de una esposa que perdió el hogar que había formado junto a su esposo, de un bebé de dos meses que no conocerá a su papá, y otro hijo que tampoco podrá tener su protección y amor.

    Me voy a poner en los zapatos de los familiares del agente Ricardo Arley Monroy Prieto, asesinado en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado 2 de marzo en la toma a la compañía Emerald Energy. Lo mataron por la negligencia de un presidente. Tal vez por culpa de una brutalidad o de una acción muy mal intencionada, como es la de mandar a 79 policías desarmados a que disuadan una supuesta protesta de unos cinco mil supuestos “campesinos indígenas” armados de palos y cuchillos que le prendieron fuego a las instalaciones de la empresa y cometieron actos de vandalismo y terrorismo.

    Y cuando me pongo en el lugar de los dolientes siento dolor yo también por la pérdida de un joven policía de mi patria, de un padre, un esposo, un hijo, un ser humano que muere por la violencia irracional de unos delincuentes totalmente empoderados. Aún así, sólo los que hoy lloran a Ricardo Arley son los que sienten como propia esa punzada que a él le dieron infamemente en medio de burlas y humillaciones, como si su vida no valiera nada. Al gobierno, por ejemplo, le importa un comino. Y más que dolor, siento rabia: la rabia de vivir en un país cuyo líder es un gran simpatizante de los que hacen mal; un hombre sin honor que a leguas se le nota que lo que siente es odio por Colombia, porque con lo que ha hecho en siete meses de gobierno, todo apunta a que quiere destruir esta nación.  

    Ahora quiero ir a los hechos.

    Un grupo de milicianos de las FARC, o de manifestantes pagados por esa organización, y que además se hacen pasar por campesinos, se tomaron hace 14 días las instalaciones de Emerald Energy, una multinacional petrolera con sede en el Caquetá. Exigían que se les entregara una suma de un millón de dólares como indemnización por los daños causados a la comunidad y la pavimentación de la carretera que conduce a la empresa.

    Visiblemente, este es un hecho de extorsión, además de una usurpación de la justicia en el que la Ley y el Orden tienen que intervenir.

    El gobierno envió a la zona a 79 policías desarmados del ESMAD (ahora UNDMO, Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden) con el fin de disipar la supuesta manifestación que se convirtió en un polvorín incontrolable. La turba enfurecida, al ver a los 79 miembros de la Fuerza Pública, decidió rodearlos, amenazó con quemarlos, les quitó sus pertenencias, golpeó a algunos de ellos, y a uno lo torturaron y lo mataron de un navajazo en el cuello. Los uniformados, al verse acorralados, pidieron refuerzos a la comandancia central, y aunque les prometieron el apoyo, lo cierto es que nunca llegó el Ejército para respaldarlos: el presidente de la República dio la orden oficial desde Palacio que el Ejército no interviniera. Los 79 policías desarmados quedaron a merced de una horda de subversivos que terminó amenazándolos, secuestrándolos, torturándolos, y asesinando al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto de una manera brutal a pesar de que él clamaba porque no lo fueran a matar.

    Estos forajidos se hacen llamar la “Guardia Campesina”, visten con los mismos atuendos de los Colectivos Chavistas, y tienen el total respaldo del gobierno nacional y de las FARC. Al menos así parece, pues ni el presidente ni ningún ministro han pedido justicia por el asesinato del subintendente.

    Ya sabemos que en Colombia, donde el crimen ha llegado al poder, el Estado no defiende los derechos de la Fuerza Pública. Al contrario, el gobierno Petro pareciera más interesado en que sus policías sufran humillación, secuestro, tortura, y de paso que puedan ser asesinados a manos de los delincuentes que pretende reivindicar, como en efecto sucedió con el agente Monroy, vilmente acuchillado por esta perversa “Guardia Campesina” a la que el ministro del Interior le resulta una “cosa maravillosa y hermosa”. No se puede ser más cínico y miserable. Pero eso no es ninguna guardia de nada, ni mucho menos la componen indígenas o campesinos honestos.

    ¿Pueden cinco mil campesinos sobrevivir una semana sin cosechar ni vender sus productos, sin recibir un peso por su trabajo por estar supuestamente protestando contra una multinacional petrolera? Si son verdaderos campesinos, no. El campesino real, el verraco, el trabajador, está solamente interesado en sacar adelante sus cultivos, de cuya venta depende para sobrevivir y sostener a su familia en un país que cada vez lo desmoraliza más de su labor. Por eso usa su sombrero para protegerse del inclemente sol, pero nunca un campesino honesto se encapucha. Muchos de los miembros de la mal llamada Guardia Campesina o Indígena, por el contrario, ocultaban sus rostros con trapos y pasamontañas. Se deduce que ese colectivo no es otra cosa que un grupo paramilitar de izquierda avalado por el gobierno de psicópatas que nos rige. O que son las mismas FARC, no es sorpresa.

    Y mientras a nuestros policías les prohíben que usen las armas, que se defiendan, que hagan respetar la Constitución, los bandidos están más armados que nunca, y el gobierno está dispuesto a premiarlos con negociaciones e impunidad. Si alguno de los agentes, en uso de su legítima defensa decidiera defender su vida frente a la horda que lo vapulea, no tardaría el mismo Estado en destituirlo, someterlo a investigación, enjuiciarlo y encarcelarlo.

 

   ¿Quién quiere ser policía bajo estas condiciones? ¿Qué joven aspiraría hoy ingresar a la institución cuando sabe que le iría mejor del lado de los criminales? Porque el presidente y sus ministros no están con la legalidad del Estado, sino con los grupos delictivos. Trabajan para ellos, para lavarles la cara y darles beneficios. Su objetivo es destruir las instituciones de seguridad del país para tener ellos sus propios colectivos encabezados por la Primera Línea en las ciudades, y ahora por la Guardia Campesina en la zona rural.

    Alfonso Prada, ministro del Interior, niega que lo que hubo allí fuera un secuestro. Lo llama más bien un “cerco humanitario”, para que suene altruista. Un cerco humanitario que secuestra 79 policías, los somete a burlas, vejaciones, mata a uno de ellos y les pone el cadáver del compañero a los demás durante toda la noche para amedrentarlos. Qué maravillosa humanidad la de esta Guardia Campesina.

    El eufemismo continúa en cabeza del mismo Petro. Al secuestro le llama retención y a los secuestradores les llama retenedores, ¡sinverguenza! ¿por qué no admite de una vez que le importan un bledo los agentes de la policía? Y allá se fue con su cinismo a abrazar al padre del agente asesinado y a darle sus condolencias para quedar como un prócer mientras el padre que perdió a su hijo, la madre, la esposa, los hijos y demás familiares, a lo mejor creyendo en la sinceridad del presidente que les daba el sentido pésame, ignoraban que fue él mismo quien dio la orden de que no les llevaran apoyo a los policías. Petro es tan responsable de la muerte del subintendente Ricardo Arley como aquellos que enterraron el puñal en su cuello.  

    Así las cosas, en un gobierno donde sólo se le permite a los delincuentes andar armados, donde el ciudadano de a pie no tiene forma de defender su vida, honra y bienes, donde al criminal se le paga para que deje de delinquir y al buen ciudadano se le suben los impuestos, no puede uno esperar un futuro promisorio para este país. Aquí elegimos la anarquía en lugar del orden; la pobreza en lugar de la riqueza; el retroceso en lugar del progreso; la ruina moral en lugar de la decencia y el decoro; la mentira y el eufemismo en lugar de la verdad; el crimen por encima de la conducta recta; la impunidad en lugar de la justicia. Este era el cambio que nos habían prometido, seguramente, y hay que darle gracias a los petristas por haber ayudado con su voto a terminar de enterrar este país. No crean que estamos contentos por este nefasto gobierno, por los arrepentidos de sus filas. Al contrario, estamos muertos de la ira, indignados, decepcionados por quienes no quisieron escuchar las advertencias que hicimos los que ya sabíamos del talante del presidente que elegían.      

    Pero el daño ya está hecho. Ya es muy tarde para arrepentimientos. Nos quedan tres años y medio de suplicio, y no sabemos si el ocupa del Palacio de Nariño saldrá pacíficamente, o si se pensará perpetuar en el poder, ya sea modificando la Constitución para reelegirse, o a través de un títere de su predilección. Yo dudo que salga por las buenas. Pero que habrá que salir de él, no tengo la menor duda, sea por la razón o por la fuerza.