Detener al ex guerrillero

Por Juan Felipe Giraldo Trejos

    Si este fuera un país serio, un sujeto como Gustavo Petro ya debiera estar tras las rejas, o al menos siendo procesado.

    Y no digamos por su pasado delictivo, del que ya bastante se ha documentado y por el cual se le ha endilgado el merecido calificativo de ex guerrillero. Esta afirmación es muy cierta, pues Petro perteneció a la organización criminal del M-19 en los años ochenta. Al haber sido amnistiado el grupo alzado en armas en una determinación política de un gobierno que hizo la paz con ellos, sus miembros pasaron a tener la condición de ex guerrilleros. Quienes estando en la subversión violaron, asesinaron, torturaron o secuestraron, no podría acuñárseles el prefijo ex. No existen los ex asesinos, por ejemplo, porque el asesino nunca deja de ser. En el caso de Petro no sabremos hasta qué grado de criminalidad avanzó, pero es seguro que Colombia eligió como presidente a un ex guerrillero, lo cual no se puede ocultar.

    Pero hablemos de lo que hace ahora, ya como presidente, y de lo que hizo cuando era candidato. A Gustavo Petro se le debiera de abrir investigación por muchas causas como la de incitación a la violencia, violación de los topes electorales, financiamiento de campaña electoral con dineros de dudosa procedencia, posible fraude electoral, nexos (o pactos) con grupos narcoterroristas, pánico financiero, detrimento patrimonial, malversación de fondos públicos, usurpación de poderes, negligencia, y ahora intento de establecer una dictadura a través de lo que podría ser un autogolpe de Estado.

    De todos esos atentados contra la democracia podría ser culpable el presidente, además de la irresponsabilidad y el espíritu de destrucción con los que ha manejado el país en estos siete meses. Como mínimo, merece una moción de censura, pero en Colombia no pasan esas cosas por la sencilla razón de que, repito, este no es un país serio: es un narcoestado, y así lo quieren Petro y su cáfila de seguidores.

       Los exabruptos de este sujeto, que lamentablemente una sarta de ignorantes con delirios de superioridad moral eligió presidente, son varios: desde recibir dinero en bolsas negras (cosa que en sí misma no constituye un delito pero que deja muy mal parada la imagen de un estadista) hasta promover, nuevamente, una incitación a la revuelta como la promovió en abril de 2021 y por la cual todavía seguimos pagando las consecuencias. Ahora, desde un balcón de su palacio, al mejor estilo de los demagogos veintejulieros, se dedica a echar discursos como lo hacía su amigo Chávez (que ojalá esté ardiendo en el infierno) y dice que el pueblo se levantará si no le aprueban todas sus ruinosas reformas: entiéndase una amenaza de guerra, porque con la popularidad tan pobre de la que goza el ex guerrillero, no creo que el pueblo tenga ganas de salir a defenderlo.

    Lo harán, sí, los colectivos chavistas, la Primera Línea y toda la violencia armada que lo apoya y que él parece estar conformando a su servicio, copiando el modelo del vecino país. No por nada ha estado ya cuatro veces en Venezuela en menos de cuatro meses, mucho más de lo que ha estado en el Bajo Cauca, donde el Clan del Golfo y las Farc tienen azotada a esa región. Pero a él no le interesa proteger a los colombianos. Al ex guerrillero le interesa que su mejor amigo y narcotraficante solicitado por la DEA, Nicolás Maduro, lo asesore en materia de cómo conformar un grupo paramilitar para su defensa. O quizás en cómo instituir de una vez y sin tantas dilaciones el “socialismo o muerte” que tantos frutos podridos dio en la tierra de Simón Bolívar, pues Petro parece tener mucho afán de migrarnos hacia un modelo para empobrecer y pauperizar a los colombianos.

    Bueno, a los colombianos honestos. Porque los que no son honestos sí tienen todas las de ganar en este gobierno hecho a la medida de los hampones. Alguien debió haber explicado a los votantes de este señor que la palabra “cambio” en política, filosofía y ética no tiene la misma equivalencia que en lo técnico-científico o en lo material. El cambio, muchas veces, es para ir en retroceso; para perder.

    Pero vuelvo a mi queja inicial, que es un clamor a las autoridades que correspondan para que le abran una investigación con miras a un juicio político al individuo que nos maneja. ¿O será que su inmunidad como jefe de Estado lo blinda para poder cometer cualquier clase de fechoría y seguir tan campante destruyendo un país que tanto ha costado levantar?

    Tampoco es pretender un “golpe de Estado blando”, como él lo concibe en su paranoia para tener la excusa de apresar a sus contradictores políticos. Es, simplemente, el sentido de que se haga justicia a alguien que le hizo tanto mal Colombia, no sólo en el pasado, cuando era guerrillero y criminal, sino ahora, que también hace daño siendo presidente.

    Recordemos que siendo candidato en 2021, antes de la fecha estipulada por el Consejo Nacional Electoral, Petro ya hacía actos de gran despliegue en plaza pública, en una clara violación al reglamento, y desde luego, poniendo en desventaja a sus competidores. Hizo lo que quiso y ninguna autoridad lo requirió por ello. Luego va y se reúne con funcionarios de la empresa INDRA en España; los mismos que habían prestado servicios para la Registraduría Nacional, los que proporcionaron el software para el conteo de votos. Si esto no es sospechoso, no sé qué lo es. Y raro que tampoco ningún organismo de control se manifestó ni requirió una explicación al señor Petro. Si hubiera sido otro candidato el que se hubiera reunido con los que cuentan los votos, la izquierda violenta habría quemado el país en caso de que no hubiesen ganado. Ahí está el posible fraude que nadie quiso investigar.

    Por otro lado, fue antiético e ilegal lo que hicieron desde las toldas del ex guerrillero para con los otros candidatos. Quemaron políticamente a los contendientes, los desprestigiaron con campaña sucia, movieron la línea ética, como les gusta a los del Pacto Histórico. ¿Es esto posible en Colombia? ¿Es permitido el demérito, las estrategias de bajeza? Si se trata de Petro, sí que lo es. Tampoco fue investigado, ni él, ni nadie de su equipo por mentir sobre los otros candidatos. Aún así, los que se las dan de limpios votaron por ese indeseable y finalmente este pudo ganar en una elección dudosa. Nada sucedió, como sí habría sucedido si el desprestigio hubiera venido de las filas contrarias: el candidato de la campaña sucia estaría hoy en la cárcel, como debiera estar Gustavo Petro.

    Ya siendo presidente, Petro se ha convertido en un peligro para el país. A él se le debe la desinversión, la subida del dólar, la incertidumbre financiera, el aumento del desempleo. Cada que él o alguno de sus ministros salen a hablar barbaridades, la inflación se dispara, los mercados se debilitan, la inversión se frena, el inversor se espanta, el riesgo-país aumenta. A él se le debe el aumento de la inseguridad y su negativa a combatirla. Peor aún, se muestra más interesado en defender a los criminales en lugar de asumir la defensa del colombiano de bien. Es porque ha pactado con ellos: ellos son sus aliados. ¿Alguna autoridad ha investigado a Petro a raíz del llamado “Pacto de la Picota”? Ninguna, pero el pacto que todos desconocen se puede palpar en la dolorosa realidad de un país que se desangra a diario. De lo contrario, no se explica por qué se han detenido las operaciones contra los grupos narcoterroristas, por qué no se combate el narcotráfico ni se erradican los cultivos de coca, por qué el discurso de hacer la paz con todos como si fueran actores políticos, por qué la orden de liberar a los cabecillas de grupos de mafiosos, por qué la propuesta de darles plata a los vándalos de la Primera Línea con la idea de que si se les paga ellos dejan de delinquir. En últimas, ¿por qué Petro defiende el crimen y a los criminales a tal punto de que propone cambiarle de nombre a los delitos? Ya es excesivo su descaro, y sin embargo las autoridades, o los demás poderes, no lo someten a investigación ni a juicio.

    Si esto no es suficiente, entonces es culpable de negligencia. ¿Acaso no fue él mismo quien dio la orden para que los 79 policías secuestrados en Caquetá, de los cuales uno fue vilmente asesinado, no recibieran el apoyo de la tropa? Por su decisión, hoy dos niños no tendrán más a su padre, de cuya ausencia será muy duro reponerse.

    En cambio, el hijo del indeseable presidente sí resulta recibiendo dinero de narcos con la intención de aportar a su campaña, pero el ex guerrillero supuestamente no sabe nada: opta por negar la crianza de su hijo como todo un padre irresponsable. En un contexto sensato esto sería una causal de renuncia, de enjuiciamiento, pero aquí se ha perdido la vergüenza.

    Ahora propone reformas y presiona a través de sus lacayos para que el Congreso se las apruebe ipso facto bajo la amenaza de cerrarlo. Esto es lo que se llama usurpación de poderes, un verdadero golpe de Estado. Ya están proponiendo una nueva Constituyente para cambiar las leyes a su favor. Era de esperarse. Es una jugada propia de dictadores y tiranos.

    Hablar del incendio social si no se aprueban sus terroríficas reformas es digno de ser censurado y penalizado. ¿A quién quiere Petro sacar a las calles?, ¿a sus colectivos para que repriman al pueblo cuando intente protestar por sus abusos? ¿Hay alguien investigando a Petro por eso? Claro que no, a ninguna autoridad le interesa: él las ha cooptado todas, incluyendo un gran sector de la oposición, porque ahora el mismo Uribe está en la tarea de defenderlo, y por ende los congresistas del Centro Democrático tienen las manos atadas para hacer una verdadera oposición.

    Así las cosas, el exguerrillero le está apostando a un nuevo estallido social; a una guerra en la que nos matemos los colombianos mientras él se vale de que lo quieren derrocar para afianzarse más en el poder. Por eso le conviene que se le caigan las reformas. Es otra estrategia de los políticos petristas para abrirle la puerta a una dictadura perpetua. Petro dirá que no lo quieren dejar gobernar, que no le permiten hacer su cambio, que se requieren elecciones para una Asamblea Constituyente, como en Venezuela. Por esa vía comenzará su dictadura. Mientras tanto la oposición permanece silenciada, tal vez aliada, y salvo dos o tres parlamentarios que se han parado fuerte, los demás miran para el cielo.

    Por eso debería ser puesto preso antes que destruya lo poquito que queda de esta noble patria. Ningún país que ha caído en las garras del socialismo ha podido salir a flote. Jamás. Y Colombia va por esa vía con el presidente que tenemos. Nuestros hermanos del Perú pudieron destronar al impostor de allá, quien pretendió cerrar él también el Congreso, ¿por qué nosotros no podemos detenerlo constitucionalmente antes de que el daño sea irreversible? Ya es tarde para arrepentimientos, ahora toca reaccionar.  

    Pero como este no es un país serio, no veremos nunca al ex guerrillero tras las rejas, ni siquiera investigado. Lo veremos entronizado en el poder hasta que muera de viejo, mientras a los ciudadanos de a pie nos mantendrá “pobres, pero con esperanza”.