Existe una delgada línea entre lo que es un gobierno de tintes autoritarios y una dictadura. El primero es aquel que no respeta a sus ciudadanos al no considerar que el equilibrio de poderes es un límite que no puede traspasar para no convertirse en dictadura. Simplemente, como pretende imponer su autoridad por encima de las instituciones, e incluso hasta de la misma Constitución con la que se hizo elegir en democracia, se siente con el privilegio de un soberano para mandar a su antojo y hacer lo que se le dé la gana. Eso es exactamente el “gobierno” de Gustavo Petro: un modelo autoritario y narcisista.
En el caso de la dictadura, esta comienza a operar cuando se ha cruzado esa delgada línea en donde no importan ya los cometidos de la Ley, porque el dictador no se siente regido por un orden jurídico ni constitucional. Aparte de cooptar a las demás ramas del poder público y a las fuerzas de seguridad, que debieran estar al servicio de la ciudadanía y no velando sólo por los intereses del dictador, el papel de este se materializa cuando pasa del autoritarismo a la vil persecución.
Pensar en contravía a lo que piensa la dirigencia de turno es motivo suficiente para hacerse merecedor a una cacería despiadada. En una dictadura no se permite ser disidente. Los primeros en verse perseguidos son los opositores que se van contra el régimen de frente y sin rodeos, y los segundos son los periodistas que le destapan los “torcidos” al dictadorzuelo y a sus cortesanos. Lo que en el imaginario democrático uno llamaría “prensa libre e independiente”, aunque en Colombia es muy difícil que se de esta condición, sobre todo porque los grandes medios de comunicación pertenecen a poderosos grupos de interés; ya sean estos grupos económicos o dinastías de políticos, aliados o contradictores del gobierno, pero cada uno con la editorial que conviene a sus jefes de partidos y socios.
Como en Colombia no tenemos una oposición firme y enérgica, sino apenas unos políticos que por ahí de vez en cuando hacen una que otra crítica, más por aumentar su caudal electoral a futuro que por una real preocupación por el país, pues entonces queda la prensa que no se deja arrodillar del poder y que valientemente insiste en denunciar lo que al gobierno le conviene callar.
Esa prensa a la que me refiero está encabezada en Colombia por la revista Semana[1] y su directora Vicky Dávila, hoy víctima de la infame persecución que el gobierno le está haciendo a través de su fiscal de bolsillo con una figura llamada “Noticia Criminal” que han decidido entablar contra ella sin tener una sola prueba más que la del testimonio de un denunciante amigo del presidente.
Si por algo se ha caracterizado la periodista Vicky Dávila es por su estilo directo, la tenacidad de sus entrevistas e investigaciones y la familiaridad con que trata a cada uno de sus invitados a su espacio periodístico, aun cuando no son de su misma línea editorial. También la hemos visto poniendo en su sitio con energía a uno que otro avivato que se ha querido pasar de listo y ha intentado acorralarla sacando a relucir aspectos familiares sin que ella se acobarde por ello, pues como dice Vicky, el apellido del cónyuge o de cualquier otro familiar no es prueba de que se es delincuente, porque eso equivaldría a decir que todos los que tienen el apellido Escobar son mafiosos, cosa que no es así.
A uno podrá gustarle o no el estilo de Vicky Dávila, su voz, sus maneras, su carisma, su trabajo, su persistencia preguntando, en fin (a mí personalmente me encanta), pero lo que uno no puede negar es que es una de las periodistas más reconocidas en el país, de mayor prestigio y credibilidad, y que al medio donde llega se le dispara el rating de sintonía. Prueba de ello ha sido su paso exitoso por medios como RCN Noticias, la FM, la W, y ahora la vemos como directora de la Revista Semana y su canal digital. Ella es una reina Midas del periodismo, no hay que dudarlo, pero también su creciente exposición y las ollas podridas que le ha destapado a este gobierno la tienen en la mira de sus enemigos; uno de ellos, el sinvergüenza que habita en la Casa de Nariño, quien la quiere ver presa, ya que asesinarla sería muy evidente, y por eso le han montado un proceso penal para intentar silenciarla.
Vicky Dávila está en peligro, pero no es sólo Vicky, sino la prensa opositora del país. Y cuando un gobierno busca silenciar a la prensa opositora o a una periodista incómoda para sus intereses, no tengamos duda de que se ha cruzado el límite para vivir en dictadura. Petro está quebrando esa línea, no le importa.
Sólo que los colombianos somos tan pasivos e ingenuos que no queremos darnos cuenta de que estamos transitando lentamente el camino de la dictadura. La prueba no sólo es la persecución a cierto sector de la prensa, sino el modo en el que el presidente pretende perpetuarse en el poder, apelando a golpes de estados imaginarios, inventándose softwares espías, montándole procesos a periodistas y próximamente volviendo a incendiar el país para que en el fragor de la violencia el pueblo le apruebe una Constituyente con tal de que cese la anarquía. Ojalá me equivoque, pero cada vez que auguro un escenario negativo me quedo corto, porque Petro siempre ha ido más allá. A él sólo le falta el uniforme, porque el alma de dictador ya la tiene.
Para nadie es un secreto que quien ha destapado la mayor cantidad de escándalos del gobierno ha sido Vicky Dávila con la revista Semana. Desde los petrovideos en la campaña presidencial de 2022, pasando por las platas recibidas (y confesadas a Semana) por parte del hijo del presidente para financiar la campaña con dinero de un narco y un ex paramilitar, los audios de Armando Benedetti en donde este hablaba en tono arrabalero y confesaba que había conseguido quince mil millones de pesos para la campaña, además de que acusaba a Petro de ser un cocainómano; hasta el abuso al que sometieron a una empleada del servicio en los sótanos del Palacio con la prueba de Polígrafo y un muerto de por medio para que no se supiera quién había dado la orden; todo ello denunciado por Revista Semana. Es entendible que el presidente quiera sacar del camino a su directora. Por esa razón no le ha quedado de otra que dedicarse a hostigar a Vicky, llamarla despectivamente, acusarla, aventarla a las jaurías y bodegas rabiosas para que destruyan su buen nombre.
De esta forma, un señor de nombre Orlando José Serpa Teherán, amigo de Petro, entabló una demanda contra Vicky Dávila por unos delitos gravísimos como el de espionaje, concierto para delinquir, traición a la patria, entre otros. La única prueba que tiene es un discurso del presidente acerca del software Pegasus que el gobierno anterior supuestamente compró y que según el denunciante está siendo utilizado por Vicky para chuzar al presidente. Pero lo descabellado de este montaje no para ahí. No sólo que la Fiscalía se tomó muy en serio la denuncia del señor Serpa, sino que además la rotuló con carácter de prioritaria. La Fiscal de bolsillo de Petro comenzó a empapelar a Vicky Dávila con la diligencia que no ha tenido en el caso de Nicolás Petro, por ejemplo, al que le está dando todo el tiempo del mundo para que los términos de su investigación se venzan. ¿Así o más disimulado? Porque ni siquiera tienen el esmero en la Fiscalía de parecer imparciales.
El hecho de que a una periodista como Vicky Dávila le abran una Noticia Criminal no es prueba de que la justicia debe ser para todos y nadie tiene corona, sino más bien que corrobora el sesgo de la justicia en un país con miles de delincuentes sueltos en las calles a los que se les nombra “gestores de paz”, o donde pululan funcionarios públicos y hasta ministros involucrados en las corruptelas más asquerosas, pero a ninguno de ellos le han abierto una Noticia Criminal. A Vicky, por el contrario, siendo una persona cuya hoja de vida es intachable, conocida hasta la saciedad en los medios periodísticos y en la farándula, pues es una figura pública a la que todo el mundo le sabe la vida; a ella, en cambio, sí encuentran motivos para abrirle una investigación y ponerle una mordaza, o en el peor de los casos, una lápida sobre sus hombros.
Pero Vicky Dávila, valiente como ha sido para enfrentar a este nefasto gobierno con tan solo su micrófono, no se deja amedrentar y está dispuesta a defender la verdad con su vida misma. El presidente ya cruzó la línea que no podía cruzar a través de su empleada, la fiscal Luz Adriana Camargo, quien por cierto tiene unas cuenticas pendientes en Guatemala y se reúne en fiestas con sindicados. No descansarán hasta no ver a Vicky tras las rejas por delitos que ella no ha cometido. El país le cree y la apoya, y esperamos que si el demandante no presenta a la Fiscalía las pruebas contra Dávila, exista la misma celeridad para procesarlo por calumnia.
Lo cierto es que en Colombia, por el momento, no hay libertad de prensa. Recordemos cómo hace apenas dos semanas al periodista Luís Carlos Vélez lo echaron de la FM por emitir una opinión sobre la COP que se celebró en Cali, de la cual dio a entender que era un evento de poca monta. Y tenía razón. La COP no sólo fue un fracaso, un evento para gastar plata a dos manos, sino que ningún actor político de peso se unió a ella. Ahí se ve lo que les importa a los socialistas el cambio climático. Pero existían grupos de interés que tenían sus negociados en la COP, y esos grupos de interés eran, a su vez, los dueños de la emisora donde trabajaba el periodista. Y la misma Susana Muhamad, ministra de Ambiente, direccionó la queja contra el periodista a los dueños de la emisora. El resultado fue que lo sacaron como a un perro, todo por ejercer su libertad de prensa.
Ya comenzó la persecución contra la periodista más importante del país. Si los demás periodistas no tienen en cuenta este precedente y siguen el camino trazado por Vicky Dávila, ya se imaginarán cómo les va a ir con este gobierno, que al perseguir con encono a la prensa que denuncia sus suciedades, deja de ser gobierno democrático para convertirse en dictadura.
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[1] Valga aclarar que también la Revista Semana pertenece al grupo empresarial Gilinsky, dueños de reconocidas marcas como Yupi, Rimax, Lulo Bank, Hoteles Four Seasons en Colombia, Bom Bril, Banco GNB Sudameris, Hotel Santa Teresa y Nutresa, y con una participación accionaria importante en Bancolombia, entre otros.
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