Uno escucha opiniones en la
calle, ve videos, lee los diarios, las columnas de opinión serias y hasta los
comentarios superfluos de las redes sociales; recoge ecos de aquí y de allá, y
en todos ellos encuentra siempre un clamor general, una queja colectiva: “la
situación está muy difícil”, “El gobierno no sirve para nada”, “toca es salir a
protestar”, son frases que se repiten por todas partes, más ahora, cuando
vivimos en medio de la incertidumbre económica por una pandemia que no está
dispuesta a rendirse y no deja recobrar el tiempo perdido. Uno escucha todo
eso, como les digo, y no deja de preguntarse si acaso no deberíamos ser
nosotros mismos los que encaremos esa difícil situación por nuestra cuenta y
riesgo en lugar de esperar a que el gobierno, que sabemos bien que nunca ha
servido ni servirá para nada, nos solucione los problemas.
El primer paso, como mecanismo
para conjurar la crisis, debería ser el de la despolarización. Bien sabemos que
hay dos vertientes opuestas en el país en materia política, y que lo que se
diga en favor o en contra de cualquiera, nos condena a portar el remoquete de fachistas o mamertos.
Otro paso debería ser el de
ser solidarios entre nosotros mismos. Si el otro protesta, dejarlo que reclame
lo que considera que le ha sido vulnerado, y si no es de mi incumbencia, no
criticarle su bandera. Si soy yo el que tengo que protestar, hacerlo con el
máximo respeto por quienes no lo hacen, sin causar traumatismos, sin obstruir
el tráfico, sin bloqueos de vía pública, sin actos obscenos ni violentos,
porque de eso se trata la democracia: más que reclamar derechos propios, respetar
los ajenos.
Pero como estamos en un país
que se acostumbró a exigir prerrogativas antes que cumplir con sus deberes, va
a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, que es el
respeto por el otro.
De un tiempo para acá, por
ejemplo, está imponiéndose la tendencia de engrandecer el derecho a la
protesta, porque hoy se está convirtiendo en el más importante de todos los
derechos; más que el del trabajo, el de la libre movilidad y el de la vida
misma. La lógica de aquellos que lo defienden a ultranza es: “si los demás no
reclaman lo que les pertenece, nosotros sí luchamos por lo nuestro”.
Es que no solamente a quienes
alzan la voz les debe conceder la importancia merecida. Resulta que hay
personas que aunque silencian y no pueden (o no quieren) ser partícipes de marchas
y plantones por múltiples factores, también tienen derechos que en muchos casos
no son respetados por quienes dicen representar al pueblo humilde y sometido.
Sometidos estamos todos, no
importa el color del partido que nos gobierne, porque se supone que hay una ley
que tenemos que cumplir por igual. Pero en el escenario de
la calle no se aplican los ideales de la Carta Magna, y el “sálvese quien
pueda” es la solución a la que nos toca recurrir.
Aquellos
que tanto claman por la igualdad, lo hacen pisoteando, la mayoría de las veces,
los derechos de quienes no piden nada, salvo que los dejen trabajar con
dignidad, moverse con libertad y vivir con tranquilidad. El bloqueo de una vía anula
la protesta pacífica y coerce la voluntad de un conglomerado que también debe
tener la misma posibilidad de transitarla. La violencia no la ejerce primero el
cuerpo policial cuando obliga a desalojar una calle obstaculizada, sino los
manifestantes que le niegan la posibilidad a otros de llegar a tiempo a sus
sitios de trabajo, de ir a recoger a sus hijos, de cumplir con una cita médica,
de ir a descansar a su casa, de abrir su negocio, de vivir y tratar de salir
adelante entre las condiciones que ya de por sí son difíciles y que todos
tenemos que enfrentar.
Porque se nos
volvió costumbre que los promotores del Comité del Paro Cívico nos amenacen con
paro cada mes, o cada quince días. Los manifestantes, muchos de ellos sin saber
quién los dirige, se prestan al juego para hacer desmanes. Hay algunos que allí
se infiltran, generando al resto de la sociedad una dinámica de terror que impide
cualquier intento ser feliz en esta vida dura.
Ya basta de tanta hipocresía, de decir que
los están estigmatizando, de utilizar al pueblo como instrumento para lograr
avanzadas políticas. Ya basta de reclamar por reclamar cuando se omite el
cumplimiento de los deberes esenciales para pedir derechos que a veces no
tienen fundamento. Ya basta también el gobierno de hacer caso omiso a los problemas
y no enfrentar el toro por los cuernos.
Por esa razón yo me uno a la propuesta que
en algún momento lanzó el concejal Diego Molano en Bogotá, de construir un protestódromo con recursos del Estado;
un escenario donde se les permita a los manifestantes debidamente individualizados
asistir y ejecutar sus actos lúdicos, gritar sus consignas y desahogar su furia
con tranquilidad, a ver si así nos evitamos esta destrucción de las ciudades
capitales cada que las minorías salen a reclamar sus derechos; a ver si así
sólo entran los que tienen que entrar y no se les infiltra tanto vándalo.
Aunque me imagino que la pelea sería en los alrededores del escenario, cuando
el acto de protesta culmine, como en los partidos de fútbol, y los revoltosos
quieran hacer afuera lo que los promotores de la protesta no los dejarán hacer
adentro, pues ellos serían responsables del cuidado y el aseo del recinto
público que deberá ser administrado por una entidad territorial o un organismo
de control, digamos por ejemplo la Defensoría del Pueblo.
Fue una idea descabellada que ahora nos tienta.
Ya en la Francia de la Revolución lo habían intentado cuando el rey autorizó un
lugar para que los ciudadanos concurrieran y le tiraran tomates podridos a una
figura de cartón que lo representaba, y de paso lo insultaran a sus anchas sin
consecuencias.
Aunque si no están
de acuerdo, no nos preocupemos: los del Comité del Paro Cívico y las centrales
obreras tampoco aceptarán que se les asigne un escenario, porque según lo que estamos
viendo, el objetivo no es salir a reclamar derechos, sino causar desorden y
estragos; un estado de anarquía que lleve a las masas a pedir la cabeza del
gobernante de turno por haber permitido que la situación se saliera de control.
Ya me los imagino oponiéndose rotundamente
a la proposición, diciendo que es anticonstitucional, porque el derecho debe
ser ejercido en las calles. Ya me los imagino victimizándose y diciendo que los
estamos acusando de Castrochavistas o
quién sabe qué. Y como el hecho es hacerse sentir, no falta quién recurra a las
vías de hecho, porque los políticos que apoyan su causa saben cómo utilizar la
combinación de todas las formas de lucha.
Es una lástima, me habría gustado un país
en el que se pueda protestar con arreglo a la ley al mismo tiempo que se pueda
trabajar y transitar libremente, sin que entre uno y otro grupo se causen
interferencias.
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