Es fácil reconocer crímenes
tardíos cuando se sabe que por ese reconocimiento no sobrevendrán las consecuencias
naturales del proceder delictivo. Por lo menos no en mi país, el cual le dio un
ejemplo al mundo de la gran retribución que otorga el crimen. Gracias al
fallido Proceso de Paz con las Farc, en Colombia el crimen sí paga.
Hace cuatro años una pequeña mayoría se pronunció y no aceptó un acuerdo
de impunidad mediante el plebiscito que se robaron descaradamente. El gobierno
de entonces dijo que como la diferencia era muy pequeña, prácticamente el país
estaba dividido en partes iguales entre los que promovían el “Sí” del acuerdo y
los que votaban por el “No”. Y viendo que “lo que más le convenía al país” era
firmar la paz con el grupo terrorista, lo más indicado sería inventarse un mecanismo
extraordinario en el Congreso para aprobar el acuerdo, así fuera en contra de
la mayoría que votó “No”.
Santos y su caterva de
vendepatrias tenían que congraciarse de alguna manera con los bandidos; apelaron
a la Comunidad Internacional para obtener el espaldarazo cómplice a un documento
que le otorgaría impunidad a delincuentes de la más baja calaña. Perder por tan
poco no es perder, sobre todo cuando se había utilizado toda la maquinaria y
toda la publicidad del Estado para impulsar su negociación, esperando una
victoria avasalladora que nunca se concretó.
Al final la voluntad del
pueblo dejó en evidencia el ridículo que estaba haciendo el gobierno de la
época. Tenían todo para ganar con amplia ventaja; ya preparaban la celebración,
y ¡oh sorpresa!, perdieron por un margen tan estrecho, que daba rabia perder
así. Una derrota pírrica. Eso no podía ser. Mejor desconocer ese tonto
mecanismo democrático y seguir haciendo lo que estaban haciendo.
Y si haciendo uso de todas las
prebendas que supone estar en el poder (con el fin de influenciar y trampear
una decisión democrática) no les alcanzó para barrer en el plebiscito, no me
imagino entonces lo que hubiera sido el reflejo del pensamiento real de la población
votante al respecto.
Era obvio que la gran mayoría
no veía con buenos ojos que se premiara a la delincuencia, así en el exterior
nos pintaran como el país que no quería la paz, porque de eso se encargaron los
tales organismos internacionales: de distorsionar la imagen de una realidad que
ellos no habían vivido.
Del robo aquel que se perpetró contra el pueblo colombiano hace cuatro
años queda un saldo amargo de muertos, violencia, impunidad y narcotráfico.
Sobre todo un mar de coca en el que navega el país al cuadruplicar la siembra
de cultivos ilícitos durante esos cuatro años. Ahí están las cifras de la ONU
que lo corroboran, y eso que ellos fueron garantes del acuerdo. Hicieron creer
que el compromiso del grupo guerrillero de ayudar a erradicar los sembrados de
coca era tan firme, que no dudaron en respaldarlo. Y que entregarían las rutas,
y dirían dónde estaban los desaparecidos, y repararían a las víctimas y
entregarían todos sus bienes sin ocultar nada en ningún paraíso fiscal.
Sólo unos pocos guerrilleros
de base fueron los que quisieron reinsertarse de corazón a la sociedad civil, y
ahí lo están haciendo. Algunos se encuentran en los Espacios Territoriales para
la Paz. A esos es que el Estado les debe brindar las garantías para que no
vuelvan a la guerra.
La otra parte, los cabecillas
del grupo andan sentados en la poltrona del poder legislativo, cogobernando,
permeando las instituciones de la República sin haber estado una sola hora tras
las rejas.
Y quedaron con su brazo
armado, a los que eufemísticamente llaman disidencias.
No han tumbado ni una sola mata de coca, porque en eso consistía la parte
tácita del acuerdo, aquello que no debía estar escrito pero que debía arreglarse
por debajo de la mesa, o de otro modo no lo hubieran hecho a espaldas del
pueblo.
Ahora los verdugos se endilgaron el magnicidio de Álvaro Gómez y se lo
atribuyeron como colectivo Farc, sin que se visibilice ningún nombre con
apellido de esos que están allá como congresistas. Dirán que la orden la dio
Tirofijo, o Jacobo Arenas cinco años antes de morirse, o cualquier cabecilla menor
que hubiera caído en una redada del ejército en estos últimos veinticinco años.
Nadie responderá, porque saben que lo que están haciendo no es otra cosa que
auto incriminarse para lavarle la cara uno que otro aliado político que ahora
se alinea de su lado. Porque a ningún cabecilla de las Farc le darán cárcel.
Porque son conscientes que pueden echarse la culpa como grupo hasta de las dos
guerras mundiales y nada les va a pasar. Al fin y al cabo dirán que fueron errores
que se cometieron durante la lucha armada, y que su JEP se encargará de ello.
Lo que no harán nunca es
personalizar sus delitos, decir en cabeza de quién se cometieron. No reconocerá
por ejemplo alias Tornillo que violó
a varias muchachas guerrilleras que reclutaron a la fuerza, o que dio una orden
directa para asesinar a X o Y, eso nunca. Todo fue producto de un conflicto
armado y de acciones grupales imposibles de individualizar. En caso tal de que
así sea, que investiguen a los que ya están muertos.
De modo que veinticinco años
después la justicia sigue resultando insuficiente, y el crimen de Álvaro Gómez
sigue ocultándose entre las sombras de la impunidad.
“¡Que se sepa la verdad!”, es
el grito de todos los que queremos que ningún crimen se quede sin castigo en
Colombia, pero entre quienes gritan están los que tienen esa verdad, o un
pedazo de ella, y no se atreverán nunca a revelarla tal como fue, porque
solamente quienes son dueños de la verdad completa saben que tienen las manos
manchadas de sangre en este caso.
¿Qué ganan las Farc con dar
este falso positivo a la opinión pública? Pues ellos no pueden ganar mucho
porque ya lo ganaron todo. Están más allá del mal, y eso en Colombia se premia.
Pero ganan en cambio los verdaderos culpables que se pueden estar quitando un
peso de encima, quién sabe a cambio de darle qué a los que nada les cuesta
echarse un muerto más o un muerto menos, porque ya están salvados.
Ganan por ejemplo los comandantes del Régimen que Álvaro Gómez tanto decía que había que tumbar: la clase política de la época, sus socios mafiosos de los carteles de Cali y el Norte del Valle, y una facción criminal de la Policía que se alió a estos bandidos y los protegió hasta donde les alcanzó la vida. Ganan para que proscriba la investigación de ese magnicidio y puedan al fin salir a respirar sin que los señalen. De todas maneras los verdaderos culpables del crimen son los mismos socios de toda la vida de las Farc: los narcotraficantes, la clase política corrupta que ahora los legitima, el sector más podrido de la fuerza pública. Así son los negocios.
Mientras tanto la justicia se hunde en manos de jueces y magistrados tramposos que se dejan comprar y avalan los testimonios de los criminales sin investigar el fondo, como si fueran una verdad de a puño. Mientras tanto los delincuentes campean y se toman el país. Después nos preguntamos por qué es que no le hacen una reforma a la justicia, y la respuesta es que los que la administran no quieren ser reformados.
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