El pasado 10 de febrero
publiqué en este blog una columna titulada Camino a la tiranía, en la
que hablé del camino que está recorriendo Colombia bajo el mando del sujeto que
tenemos por presidente. En ese entonces no me atreví a llamarlo dictador,
aunque todo lo que venía haciendo se enrutaba en esa dirección. Cuando convoca
a sus colectivos petristas compuestos por la minga indígena, las llamadas
guardias campesinas, los vándalos de la Primera Línea y la gran masa de
funcionarios públicos como medio para ejercer presión al Congreso o a las
cortes para que hagan lo que él quiere, se quita de momento el disfraz de
presidente y nos deja ver su verdadero rostro dictatorial.
Hace un mes, precisamente, los
colombianos fuimos testigos del chantaje del presidente a la Corte Suprema de
Justicia para que le nombraran a su fiscal de bolsillo mediante la turba que —con
la excusa de la protesta social— se apostó a las afueras del recinto y
secuestró temporalmente a los magistrados, a quienes no dejó salir por unas
horas, exponiéndolos a una real situación de peligro.
En la columna mencionada advertí
que no se podía decir todavía que Gustavo Petro era un dictador, porque era
complicado demostrarlo, pero que sí estaba haciendo sus pinitos para
convertirse en uno, y que de no hacer un viro en su manejo del país, nos
llevaría, más que a una dictadura, a una tiranía. Pues bien, lo que todos
sospechábamos y anticipábamos se hizo realidad el pasado viernes 15 de marzo,
cuando en el discurso que pronunció frente al esperpéntico Monumento de la Resistencia
en Cali, propuso una nueva constituyente para Colombia en caso de que no le aprobaran
sus reformas; hecho que por sí solo lo convierte en dictador.
Porque basta la sola
insinuación de cambiar las “reglas de juego” para saber que lo que quiere Petro
es quedarse en el cargo con facultades de rey soberano. Basta escucharlo
diciendo que todo se hará conforme el clamor de la “fuerza popular”, como si en
esa fuerza estuviera representada toda una nación. ¿Y qué es eso de la “fuerza
popular? Una amenaza vedada, sin duda, propio de los dictadores que suelen
recurrir a esa abstracción llamada “pueblo” para justificar sus bellaquerías
contra el pueblo real.
Esta vez el dictador ha ido
demasiado lejos. Ha pateado el tablero para hacer el juego con sus propias
normas. Ya no le sirve una constitución promulgada hace apenas 33 años, que
además ha sido excesivamente garantista y a la que prometió respetar. Ya no
gusta de esas reglas democráticas, pues lo que busca es que las leyes se
ajusten a su criterio, y no al revés.
Una constituyente en este
momento de la historia es una insinuación muy peligrosa en un país que no
necesita otra constitución, sino otro gobierno. Aquí el asunto no es si la
constituyente tendrá el visto bueno de las mayorías en el Congreso para ser aprobada,
sino la razón verdadera de por qué se propone. No es el qué, sino el por qué y
el para qué. A Petro no le gusta la democracia, menos el equilibrio de poderes.
Si tiene que pasar por encima del Congreso lo hará sin miramientos, y si lo
tiene que cerrar, lo cierra. Ya entendimos que lo suyo no es la carta de la
democracia, sino la del chantaje.
Resulta que para sacar una ley de referendo en la que sea posible convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, hay que tramitarla a través del Congreso de la República y obtener allí las mayorías.
Pero el presidente no utilizará ese camino, a no ser que ya esté seguro de que va a ganar. Ya dijo que además del Congreso, existen otros caminos, y sabemos cuáles son los que prefiere. Para él, el dilema no está en obtener las mayorías, sino en contar con la “fuerza popular” a la que se refirió en la entrevista concedida al diario El Tiempo. Y esa “fuerza popular” no es otra cosa que sacar a sus colectivos petristas a la calle, a sus mingas compradas, a sus “jóvenes rebeldes” de la Primera Línea, a sus vándalos y terroristas para que amedrenten a la población, (como lo hizo en 2021), a los cien mil delincuentes a los que les ha sustraído la conciencia con el subsidio de un millón de pesos para que después lo voten y lo protejan como si fueran su ejército personal. Esa “fuerza popular” en la que se escuda el dictador es sinónimo de guerra; una guerra civil que sumiría al país en la más profunda miseria. Que Dios no lo permita.
Y como si fuera poco, tenemos
a nuestros politiqueros cómplices de esta debacle: los congresistas que siguen recibiendo
dádivas por debajo de la mesa sin que les importe el futuro de su patria, o los
que buscan algún rédito electoral a futuro. Por algo ninguna moción de censura contra
ningún ministro de Petro tiene éxito. Por algo discuten y discuten las reformas
y nunca se atreven a archivar los proyectos. Algunos hasta han contemplado la
posibilidad de cómo se dividirían las fuerzas en caso de que se tuviera que
votar una constituyente, pero... ¡¿qué están haciendo?! Eso no debiera siquiera
considerarse. Hacerlo es seguirle el juego a Petro, como lo hace Vargas Lleras,
que piensa que si dejamos que nos lleven a un plebiscito para someter la
constituyente a la opinión pública, Petro va a perder. Al contrario, va a
ganar. Siempre va a ganar. De otra forma no se atrevería siquiera a sugerirlo.
Y va a ganar porque ya debe tener todo perfectamente calculado para ello.
Y si no, ahí está la “fuerza
popular”, siempre dispuesta a obedecer al dictador y a pasar por encima de la
ley, porque para Petro nada puede estar por debajo de la entelequia de su “pueblo”.
El otro camino, ya sabemos
cuál es: el mal llamado “estallido social”, que en realidad es un paro armado
con “las narcomingas”, “las guardias campesinas”, “las guardias indígenas”,
“las primeras líneas”, “los jóvenes en paz”, “los gestores de paz”, los
bodegueros e influencers prepago; es decir, las milicias a su servicio subsidiadas
con la plata de los contribuyentes en las que el ELN y las Farc tienen gran
participación. Ese otro camino es el incendio de Colombia, el derramamiento de
sangre, la guerra civil, el despojo de la propiedad. Por eso el dictador
debilitó a la Fuerza Pública, sacó a sus generales, desplazó su inteligencia,
infiltró los organismos de seguridad y protección, le ordenó al Ejército y a la
Policía no actuar contra el narcotráfico ni contra el crimen. Por eso el
dictador obedece las órdenes del tirano de Venezuela y le cede nuestro petróleo,
y le compra gas para llenarle los bolsillos a costa de nuestra pobreza.
En un país serio este señor
hace mucho rato tendría que estar en la cárcel en lugar de proponer cambiar las
leyes de cincuenta millones de colombianos bajo la amenaza de instigar a sus
doscientos mil áulicos (quizás menos) a tomarse a sangre y fuego la nación. Esta
minoría violenta no debe decidir por el resto, no se puede permitir que nos
lleve a la dictadura de izquierda socialista con la que sueña el dictador para
equipararse con su mejor amigo y socio, Nicolás Maduro (porque entre criminales
se entienden).
Y mientras el dictador se
quita el disfraz de presidente para mostrarse tal cual es, la lacra petrista
compuesta de lo peor de la sociedad se frota las manos con la ola de violencia
que se le viene a este país. Los enemigos de Colombia son los que hoy están
gobernando y los que votaron por ellos son los responsables de habernos metido
en semejante cagadón.
Ya no vale que se arrepientan
ahora que el tiempo nos dio la razón a quienes desde un principio nos
resistimos al ascenso de este emperador; el Nerón colombiano que incendia su
propia nación para gobernarla sobre sus cenizas.
A Colombia la condenaron desde
aquel 19 de junio de 2022, cuando el usurpador fue reconocido como primer
mandatario en esa elección dudosa y cuya financiación se comprobó que fue con
dineros mal habidos. Ahí sellamos la pérdida, sólo que todavía continuamos en una
penosa caída libre.
Lo único que queda por hacer
es tratar de detener al dictador en su carrera desenfrenada por
destruir todo lo que ha costado tanto esfuerzo construir, no sea que dentro de
dos años largos, cuando talvez ya no tengamos la oportunidad de votar, nos
estemos lamentando, no por el país que nos dejaron hecho añicos, sino por el
país que ya perdimos.
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