Una encarnizada batalla cultural se vive hoy en diferentes ciudades del país como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, Manizales, Pereira, Bucaramanga, y casi todas ciudades capitales. Grupos de activistas de izquierda (de ultraizquierda, si cabe el término), vienen pintando murales, o más bien grafitis en los que hacen alusión, según ellos, a unas supuestas víctimas del “Estado paramilitar”, de Álvaro Uribe y de los capos de la mafia. Algunos de estos grafitis han sido mandados a borrar por las administraciones locales, como ocurrió en Medellín. Pero los activistas, financiados a lo mejor por un poder muy superior, los volvieron a pintar. No una, sino dos y hasta tres veces: los recursos y la obstinación de estos grafiteros parecen ser ilimitados. El alcalde de Medellín, por su parte, no los quiso borrar de nuevo. Se rindió contra un poder al que sabe que no le puede dar pelea: un alcalde no tiene el mismo presupuesto de un presidente.
De modo que lo único que se ha podido hacer es que un puñado de ciudadanos patriotas hayan puesto un poco de pintura aquí y allá y les hayan decorado los murales a la izquierda, que no son otra cosa que un instrumento de campaña política. Al parecer están muy bien financiados para ganar esta batalla cultural, porque lo que comenzó en Medellín se ha extendido por todo el país, y los muros de la infamia se multiplicaron sin cesar. Lo anterior da origen al nuevo mito que surge tras el hallazgo reciente de unos cadáveres en el sitio conocido como La Escombrera, en Medellín, donde más o menos desde 1978 se ha venido utilizando este lugar para arrojar cuerpos humanos por parte de todo tipo de grupos criminales y terroristas de todas las épocas y todos los pelajes.
A raíz de este macabro descubrimiento de restos humanos enterrados allí, volvió a hacer carrera otra narrativa izquierdista para poder capitalizarla políticamente con miras a las próximas elecciones: que la Operación Orión que el gobierno del ex presidente Uribe ordenó en la Comuna 13 de Medellín en el año 2002 para hacer frente al narcotráfico y a las pandillas que allí operaban, fue la que produjo toda esa cantidad de muertos, muchos de ellos “jóvenes inocentes” que hoy siguen llorando sus madres, las cuales han denunciado que la Policía y el Ejército fueron los autores de los asesinatos. De ahí que el lema principal del grafiti sea la frase “Las cuchas tienen razón…”, donde seguidamente pintan el rostro de Álvaro Uribe con el letrero de “Yo di la orden”, presentándolo como un ángel exterminador para endilgarle exclusivamente a él y a su gobierno la culpabilidad por las matanzas de cientos de personas que se vienen encontrando desde hace poco más de cuarenta años en La Escombrera.
Aún hoy, cuando han pasado más de 14 años desde que Uribe dejó el poder, y cuando ya gobierna la extrema izquierda en el país, siguen enterrando allí los cuerpos de los asesinados, porque los grupos narcoterroristas, especialmente las milicias urbanas de las Farc (que sí, siguen existiendo y nunca han dejado de existir), del ELN, que gracias a Petro está repotenciado, y las bandas criminales que se derivan del paramilitarismo y la guerrilla, son los que hasta el día de hoy continúan arrojando cadáveres en ese sitio que se convirtió en el vertedero de residuos que deja el actuar de la empresa criminal.
A la figura del ex presidente que más los debilitó hay que reventarla con el manido discurso del paramilitarismo que, en efecto, fue un fenómeno real, criminal y condenable desde todo punto de vista, pero que al asociarlo a Uribe y señalar a este como el orquestador de toda esa violencia, se ha caído en una campaña de desprestigio y difamación contra un ex presidente que, le guste a la gente o no, no tiene méritos para ser juzgado como paramilitar o como asesino, pues ninguna instancia lo ha condenado y tampoco nadie tiene pruebas para hacerlo.
Por lo demás, la sugerencia de que fue él quien dio la orden para asesinar “inocentes” en la Comuna 13 de Medellín durante la Operación Orión, es pura y llana calumnia. Y si ese mensaje de difamación se pinta en un muro y tiene la anuencia del gobierno nacional, que de seguro es el que está pagando a sus militantes para que desprestigien a su contradictor más encarnizado, entonces cualquier grafiti u “obra artística” en la que se haga apología a la difamación, tendría que ser válida bajo la lógica izquierdista del “no tenemos pruebas pero tampoco dudas”; incluyendo los grafitis y murales en donde se recalquen los crímenes de grupos terroristas como el M19, por ejemplo, que asesinaron a miles de personas inocentes, y del que el presidente actual fue un miembro activo. De ello sí que se tienen todas las pruebas. Lo raro es que a la izquierda solo le importan las víctimas de un lado, pero pasan por alto las del bando que comparte su nefasta ideología. Estos grafitis deberían valer también si se pintan resaltando los muertos del bando contrario, que esos sí, repito, están probados y comprobados. ¿Qué tal, como muestra, comenzar con una nueva cifra como la de 18767 niños reclutados y asesinados por la guerrilla?
Supongamos, por ejemplo, que alguien decida poner en duda la inocencia de esos “muchachos” que desaparecieron y por los cuales hoy las instrumentalizadas cuchas reclaman justicia por su asesinato. Supongamos que alguien decida pintar un grafiti que diga “Uribe tenía razón, esos muertos no eran inocentes, eran delincuentes”, digo no más, como ejemplo. ¿No se estaría incurriendo también en el delito de injuria y calumnia y se estaría revictimizando a los familiares de los muertos? Porque no nos consta quiénes fueron en vida los cuerpos hallados en La Escombrera; no sabemos si eran pillos o inocentes, no se ha dilucidado la investigación y no hay pruebas para decir que eran tan malos como los que los asesinaron.
Del mismo modo, cuando no se puede comprobar la responsabilidad del Ejército y la Policía; cuando no se puede decir de quiénes fueron víctimas esos cuerpos encontrados si no hay un dictamen de la justicia al respecto; cuando ni siquiera se puede determinar en qué año fueron asesinados, ni bajo el gobierno de quién, ni por qué motivo; no se puede decir entonces que “las cuchas tenían razón”, porque este es un Estado de derecho, pero de derecho probatorio, y pruebas es lo que la izquierda nunca ha tenido. Culpar al Estado por unas masacres que no se han comprobado, como la cifra de los 6402 falsos positivos, que gracias al congresista Miguel Abraham Polo Polo se pudo establecer que era una cifra mentirosa, es un acto de difamación. Asimismo, no se puede decir que los cuerpos de la Escombrera le pertenecen a un gobierno y a un presidente en particular. Por eso mismo, ese mural, como tantos otros, debe ser borrado, pintado y repintado otra vez de gris, como deben ser los muros de los puentes en todas las ciudades. Además, porque hasta donde tengo entendido, uno no puede tomarse la atribución de ir a pintar una pared pública sin antes no ser autorizado por la autoridad local, de modo que solamente para ajustarse a la ley, esos grafitis no tienen razón de ser. Con un agravante, y es que no solo son atentatorios de la honra y el buen nombre, o van en contra de la estética urbanística de las ciudades, sino que además son mensajes que promueven el odio y la mentira; ese odio del que tanto se quejan los mamertos cuando se trata de descalificar el discurso del contrario.
Si se trata entonces de ejercer un derecho a la libertad de expresión ciudadana, como dice el sinvergüenza que nos gobierna, invito entonces a todos los colombianos a que pintemos y escribamos consignas en todos los muros públicos de las ciudades para afearlas de la misma manera que hacen los petristas. Podríamos empezar con estas dos palabras: “Fuera Petro”, y que el presidente y sus borregos no puedan quejarse, porque en aras de la “libertad de expresión”, eso también sería arte, ¿o no?
Pero no hay que tener más de dos dedos de frente para saber que el asunto de los grafitis no es debido a un dolor real hacia las víctimas halladas en La Escombrera y en cuanta fosa común debe haber en el país. En el fondo no es una “manifestación libre” de la comunidad para reclamar por unos muertos que no le importan a la izquierda, porque ni siquiera puede dar una lista con sus nombres. Y a las cuchas, que no son cuchas, sino madres, porque ni siquiera para reivindicarlas son tratadas con respeto, les digo que las están instrumentalizando y haciendo política con su dolor. En el fondo es pura falsa narrativa, impostura, desprestigio, repetición de la mentira hasta hacerla aparecer como verdad o posverdad. En el fondo no es más que una batalla cultural que llevan décadas haciendo para imponer sus ideas, así sea con mentiras o verdades a medias, que es lo mismo. Así le secuestraron el pensamiento a la juventud en los colegios y universidades, y al público en general a través de los medios de comunicación de tendencia izquierdosa, y ahora yendo por los muros de las ciudades. Así se venden para ir en pos de la batalla política, ya que así “ganaron” una vez con un número que escribieron a dos manos porque a alguien se le ocurrió decir que el número del chance para comprar la presidencia era el 6402 sin que nadie lo pudiera contradecir hasta ahora.
Por eso necesitan nuevos muertos, nuevas fosas, nuevos culpables, nuevas cifras, que si no las hay se las inventan. Intentan reescribir la historia, imponer sus verdades, extender los simbolismos. Y en una batalla cultural los símbolos importan demasiado. No por nada llevan los zurdos sesenta años adorando la mítica imagen del Ché Guevara. En este caso tienen que recurrir al “culpable” de siempre. Sin un personaje como Uribe en el escenario político al cual poder echarle la culpa de todos los males del país, ¿cómo podría ganar la izquierda unas elecciones cuando demostraron que no pueden hacer ninguna campaña política limpia? Necesitan revivir a un enemigo, señalarlo, ensuciarlo, envilecerlo, porque los zurdos, como no tienen nada bueno qué mostrar acerca de ellos mismos, se sacan de la manga el más descabellado ardid para mostrar lo supuestamente malo de los otros.
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