(crónica política comentada)
El pasado 12 de abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en Perú con un resultado que hasta el día de hoy todavía no es claro. No se recuerda en el hermano país que haya habido una jornada democrática más bochornosa, desordenada y fraudulenta.
Aún no se tiene fecha para la segunda vuelta, pues el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) no ha proclamado oficialmente los resultados de la primera. Quienes hasta ahora pasarían a esa instancia serían la candidata del fujimorismo y representante de la clase política tradicional, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, con un 17% de la votación; y Roberto Sánchez, el candidato de la extrema izquierda, del partido Juntos por el Perú, que hasta ahora tiene alrededor del 12% del total escrutado. El litigio está en la definición del segundo y tercer lugar, puesto que ya Keiko ha obtenido la ventaja que le permite competir en segunda vuelta a la espera de la definición de su contendor.
Todo indica que, al candidato de la derecha conservadora, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular (11.9% de la votación), le embolataron miles de votos para eliminarlo de la contienda presidencial. Al menos eso es lo que se afirma desde las huestes de su campaña, y así lo han podido demostrar sin que ninguna autoridad electoral ni política intervenga en su favor. La izquierda radical y el Establecimiento se han aliado en pos de este objetivo para eliminar al candidato conservador, por el que gran parte del pueblo parecía guardar la mayor simpatía. ¿No se les hace familiar esta coyuntura de la política peruana?
El escenario electoral en Perú es muy parecido al que se vive en este momento en Colombia con los tres principales aspirantes que aquí se disputan las elecciones. El resto, que no marcan ni lo del margen de error en las encuestas, no tiene nada que hacer en el tarjetón. Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, trasladados al Perú, podrían llamarse, en su orden, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Lo que representan estos últimos candidatos encaja a la medida con lo que representan los aspirantes colombianos.
Roberto Sánchez es el candidato de la extrema izquierda, el simpatizante del comunismo, el que no se atreve a criticar al socialismo ni a los dictadores de izquierda de la región, porque con ellos es que se va a llevar bien. Por si fuera poco, un sujeto como Gustavo Petro ya celebró su paso a la segunda vuelta cuando ni siquiera el JNE ha oficializado ese resultado. Este es el Cepeda peruano, o al revés, Cepeda es el Sánchez colombiano. Diría yo que Sánchez no tiene tanto prontuario y no sería tan peligroso como el “simpático” papelito Cepeda, pero van en la misma línea empobrecedora y resentida. Su objetivo no es otro que destrozar económica y socialmente el país para entregárselo a la Internacional Comunista y al globalismo que propende por aniquilar el concepto de patria mediante dictaduras de izquierda, como sería especialmente la de Iván Cepeda con sus medidas para favorecer a los criminales, perseguir a las empresas y someter a la población.
Por su parte, Paloma Valencia es como la Keiko Fujimori colombiana. El padre de Keiko fue presidente. El abuelo de Paloma también lo fue. Keiko y Paloma pertenecen a la casta, no tienen ideología política propiamente de derecha, pero están aliadas con el establecimiento y los partidos corruptos. Por lo menos a Paloma no se le ha relacionado con casos de corrupción, todo hay que decirlo, pero a Keiko sí. De hecho, su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cumplió una condena de 16 años en prisión por los delitos de homicidio calificado, secuestro y violaciones graves a los derechos humanos. Murió diez meses después de haber recuperado su libertad, aunque no su tranquilidad de conciencia. Como se ve, Keiko viene de una familia “de principios” y una tradición política enquistada en el poder. El padre político de Paloma es el ex presidente Álvaro Uribe, también envuelto en líos judiciales gracias al mismo Iván Cepeda, que lo acusó, y hasta logró que lo condenaran en primera instancia y le dieran casa por cárcel preventivamente mientras se desarrollaba el juicio. Sólo que Uribe demostró su inocencia durante el proceso, pues no hubo ninguna prueba en firme que corroborara las acusaciones de Cepeda, y aunque la juez cuestionada lo halló culpable de soborno y fraude procesal, Uribe acudió a una segunda instancia donde finalmente fue absuelto. En este caso la comparación entre Paloma y Keiko por sus familiares y mentores políticos solamente aplica en cuanto a la influencia de una figura política que las apadrinó, pero no a la gravedad de los procesos judiciales de uno y otro. Lo que sí es cierto es que ambas están mal rodeadas de una casta que se piensa que son los dueños del país, y de llegar al poder tendrán que ponerse a pagarles sus favores electorales, por lo que la corrupción y el clientelismo sería sello de garantía de su gobierno.
Rafael
López Aliaga en el Perú es el que más se asimila a Abelardo de la Espriella en
Colombia, porque ambos representan las ideas de una derecha conservadora,
provida y a favor del libre mercado y la reducción del Estado. Aunque López
Aliaga ya fue alcalde de Lima, su campaña ha sido transparente y los
cuestionamientos por parte de sus enemigos no han podido probar que haya sido
corrupto en su gestión. A De la Espriella también lo señalan sus adversarios
por su ejercicio como abogado y por el talante de ciertos clientes a quien
representó, pero de todos los procesos que se han abierto en su contra, ninguno
ha terminado en una sanción disciplinaria o en un proceso jurídico por sus
actuaciones. Ambos son considerados los outsiders de las campañas, los
que se irían de frente contra el aparato burocrático y la agenda
progre-globalista, y los que representan el fervor nacional. Hasta la imagen de
cada uno se ha visto asociada con un animal. En el caso de López Aliaga, le
dicen Porky, por su parecido con el cerdito de la Warner Bros. Abelardo
se hace conocer como “El tigre”, y su campaña y simbología política gira toda
en torno alrededor de este felino. Desde luego, siempre será mejor ser un tigre
que un cerdito. También a ambos los consideran sus detractores como extremos,
ultras, y hasta fascistas por el solo hecho de defender la seguridad y ser
partidarios de la mano dura contra la criminalidad.
En lo que no debería haber ni punto de comparación con el Perú, es en su fraude electoral, pero como van las cosas en Colombia, todo apunta a que así va a ser. Un fraude que supuso una alianza macabra entre la izquierda y la casta política que no permite adversarios que estén por fuera de su aparataje. Un fraude contra el candidato independiente, el más cercano con el pueblo, porque de lo que se trata no es de que el pueblo gobierne, sino de que los políticos no pierdan su hegemonía. Habiendo marcado López Aliaga hasta un 25% en las encuestas, todos en Perú esperaban que por lo menos pasara a segunda vuelta. Está en un cabeza a cabeza con Sánchez por el segundo lugar, y la diferencia no supera los catorce mil votos, que deben andar por ahí tirados en la basura, o ya quemados por los agentes venezolanos y cubanos que misteriosamente trabajan en la ONPE. Más de 1.300 actas fueron halladas en la vía pública, mostradas en televisión y luego incautadas por la Policía Anticorrupción.
López Aliaga, el candidato asaltado en estas elecciones, expuso el plan que utilizaron para dejarlo por fuera. Lo denominaron como la Operación Morrocoy, una suerte de golpe sistemático para efectuar un fraude aparentemente de baja intensidad, pero capaz de cambiar la votación de todo un país. La Operación Morrocoy es llevada a cabo desde la ONPE siguiendo una serie de pasos que contribuyeron inevitablemente a restarle votos a Aliaga, quien se perfilaba como uno de los favoritos para llegar a segunda vuelta.
La fase 1 de esta operación fue el retraso deliberado de los camiones que debían llevar las actas a los centros de votación por orden de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), quien se demoró para repartirles el material electoral, afectando por lo menos la posibilidad de un millón y medio de ciudadanos para votar. Filas inmensas de personas se agolparon a la salida de los coliseos y colegios sin poder ejercer su derecho.
La fase 2 de la Operación Morrocoy fue el sabotaje por el desplazamiento de mesas de votación y traslados de cédulas que no fueron solicitados por los votantes. El típico caso del señor de edad que va a votar y le dicen que le corresponde votar en un puesto remoto, en una zona donde jamás alcanzaría a llegar ese día, o le dicen que simplemente le corresponde votar en el extranjero, o incluso que ya votó, cuando la persona apenas está llegando a ejercer su derecho. Alguien más votó por él. Fue una herramienta utilizada para desanimar y excluir a los electores.
Luego viene la fase 3 que Aliaga denuncia abiertamente, la cual consiste en la fabricación de actas virtuales que jamás estuvieron contempladas en el sistema, a través de una numeración inexistente, en este caso de la serie 900000 a la 905000, para inyectar votos fraudulentos al sistema. Son prácticamente actas fantasmas insertadas a último momento con la anuencia de aquellos funcionarios de la ONPE que tienen los permisos para crearlas, pudiendo con ello ponerle votos a uno y quitarle a otro arbitrariamente, pasando por encima de la voluntad popular.
La fase 4 consistió en la vieja confiable del gemeleo de las actas. Aquello que Maduro en Venezuela no pudo lograr para demostrar que no había hecho fraude, en Perú lo lograron casi a la perfección. Con un detalle que no tuvieron en cuenta, y es que las firmas de los miembros de mesa del acta original no coincidían con las del acta falsificada en el sistema. Además, hay que tener en cuenta que dentro de una misma acta no concordaban los datos de los votos por los senadores de López Aliaga con los datos de los votos por el mismo López Aliaga. Hubo mesas con muy buena cantidad de votos para la gente de Renovación Popular y cero votos para él, lo cual no es lógico. Equivale a decir que al votante peruano le gustaban los senadores que tenían el aval de Aliaga, pero no le gustaba Aliaga. Y ni qué decir de las mesas duplicadas. Dos mesas diferentes, con jurados diferentes y con exactamente la misma distribución de los votos. Qué casualidad, ¿no?
Finalmente, la fase 5 de este fraude consistió en la manipulación de la base de datos del sistema de la ONPE, deshabilitando los permisos abiertos para que desde afuera se pudiera acceder a ella y borrar los resultados previamente consignados, dejando así las actas limpias para nuevos datos amañados. Esto se pudo corroborar gracias a que no hubo necesidad de duplicar las actas en físico, sino en el sistema. Al comparar la una y la otra las diferencias saltaban a la vista, desde luego, perjudicando siempre a Aliaga. Esto equivale a tener las claves de acceso al software que en Colombia Petro tanto le ha pedido a la Registraduría que se las suministre. Es muy posible que al final las pueda conseguir por los medios que le sean necesarios.
Aparte de la implementación minuciosa de toda esta operación, también se evidenciaron irregularidades como mesas que nunca abrieron, impresoras y computadores que no funcionaron y la ausencia de las fuerzas armadas en la custodia respectiva de estas actas, que finalmente se sabe que fueron manipuladas o extraviadas. Aliaga ha llamado a sus seguidores a la resistencia civil, ha pedido a las autoridades la nulidad del proceso, ha anunciado demandas contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y ha advertido que esto mismo lo podrían estar fraguando en otros países, léase Colombia, donde fuerzas extranjeras del comunismo internacional están preparando el terreno para hacer lo que hicieron con su candidatura en el Perú.
Pero sus denuncias no han tenido eco en la comunidad internacional ni en los países democráticos. Los medios de comunicación hegemónicos no lo reseñan con fuerza suficiente, se ha sembrado el silencio y la indiferencia, como si esto fuera un asunto de trámite en el país vecino. Han dejado solo a Aliaga y, por ende, han condenado el futuro de Perú, que seguramente volverá a caer en manos de un régimen de miserable izquierda, o de otro dominado por la oligarquía política de siempre y sus grupos de interés. Cualquiera de las dos posibilidades pinta un panorama negro para el pueblo inca.
Se me hace que en Colombia tienen todo listo para contrariar la voluntad popular que al poder no le conviene. Ya cuentan con más experiencia, con una técnica mucho más depurada y con el terror de muerte que siembran los grupos criminales que apoyan al heredero de Petro. De ahí que cada día lo inflen más en las encuestas, en su mayoría vendidas, para irle sembrando al pueblo la idea de que Cepeda será el presidente de la República y de que no hay nada más que hacer.
Pero este villano no tiene pueblo, y eso se refleja en la opinión de la calle. De ahí también que los seguidores de Paloma Valencia, es decir, los de la élite política de siempre, la quieran poner por encima de “El tigre” en las encuestas, a propósito de la última medición que sacó la fraudulenta encuesta INVAMER: para decir que sólo ella puede derrotar a Cepeda y que por eso es menester apoyarla.
Como sea, para Cepeda, así como lo será para Roberto Sánchez en el Perú, es mucho más cómodo disputar la segunda vuelta con la candidata manchada de la politiquería de abolengo que con el candidato que no dudaría en truncarle su proyecto socialista y hacer todo por llevarlo a prisión. A él y a su mentor Gustavo Petro. Porque el miedo que le tienen al outsider los está llevando a consumar el fraude, ya no en la instancia definitiva, como lo hizo el sinvergüenza en las elecciones pasadas, sino en la primera vuelta, que es donde más facilidades tienen para robarse las elecciones.
Todo para atajar a Abelardo de la Espriella, el único candidato que cuenta con el fervor popular. De no pasar a la segunda vuelta, se hallaría la razón de esta anomalía en el fraude más descarado de la historia: el fraude peruano a la colombiana, en el que se unió la izquierda comunista con el Establishment corrupto y ladrón, que al final son dos carteles que trabajan para los mismos jefes y con el mismo propósito: el de seguir manteniendo jodido al pueblo.







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