La comunidad internacional, el Departamento
de Estado, el Parlamento Europeo, la ONU y Human
Rights están haciendo un llamado para que cesen “los atropellos contra los
civiles”, por culpa de las fuerzas del orden en Colombia.
Por otro lado, las redes sociales muestran sin
mucha claridad los excesos cometidos sólo por la Policía en medio de un caos
imparable en el que no se le ve la cara al enemigo, y enfatizan en el abuso de
autoridad del Estado colombiano. “Nos están
matando”, es la frase que ponen junto con la imagen de la bandera volteada,
promovida por quién sabe qué ONG dizque para pedir un llamado de auxilio. No
saben aquellos que replican esa imagen que eso tiene una connotación de
traición a la patria, que le están faltando el respeto a un símbolo nacional y
le están haciendo la segunda al globalismo, que es aquella ideología que propende
por destruir la iconografía patriótica, pues su objetivo es la desaparición de
los estados.
De otra parte, la Justicia Especial para la
Paz (JEP), siendo una corte tan controvertida y tan sesgada en la aplicación de
su “justicia”, propone reformar las fuerzas armadas del estado colombiano sin
siquiera entrar de lleno a un proceso de investigación, acusación,
comprobación, juicio y sentencia, como debiera ser el debido procedimiento a
los agentes del orden que se excedan en sus funciones. No. La JEP pone a la
institución de la Policía en la misma bolsa junto con los delincuentes, y asume
que todos los policías son violadores de los derechos humanos per sé.
Y para rematar, se juzga desde los medios
de comunicación internacionales (CNN, New York Times, BBC, RT, etc.) a los policías que han estado actuando para intentar contener las acciones
vandálicas de algunos que osan llamarse “manifestantes pacíficos”, y que le han
dejado al país un sinfín de destrozos, desabastecimiento, bloqueos, anarquía,
miseria económica y moral, y hasta pérdida de vidas humanas.
Nadie puede decir, ni mucho menos probar,
que las órdenes de los Comandantes de la Policía hacia sus subalternos fueron
impartidas para masacrar a la población inocente, como lo quiere mostrar el
canon informativo. No es cierto que
las actuaciones de los organismos encargados de brindar protección a los
civiles estén dirigidas a la violación sistemática de los derechos humanos, como
lo insinúan los críticos del gobierno, en especial los líderes de la izquierda
radical colombiana. Sí es cierto que
en los enfrentamientos entre vándalos y policías, han resultado más de 24
muertos en lo que va corrido del paro, pero sería una falacia decir que fueron
asesinados porque esa era la orden dada al cuerpo policial. En una situación de
confrontación violenta se violan los derechos humanos de parte y parte, porque
ante la arremetida desmedida de los agresores es prácticamente imposible dosificar
la fuerza de la ley.
Es verdad que los agentes de la policía se
han visto en la necesidad de accionar sus armas contra unos ataques que ya
sobrepasan el límite del vandalismo, pero se supone que ellos debieran hacer
uso de esas armas para defender al Estado y a los ciudadanos de las hordas
enloquecidas dispuestas a destrozarlo todo. Sin embargo, no se les permitía
disparar en medio de las revueltas. Algunos han tenido que hacerlo como
respuesta a los atentados que han sufrido por parte de los delincuentes, que
dicho sea de paso, pierden su condición de manifestantes pacíficos.
¿Por qué entonces pretender juzgar a la
fuerza pública como unos asesinos sistemáticos cuando en realidad están
actuando dentro del marco que les asigna la ley para defender el Estado de
derecho ante los violentos que se tomaron las calles y que todos sabemos que no
representan al pueblo?
No falta quienes hayan abusado de su poder,
es cierto, y en ese caso hay que investigar y judicializar a los agentes
responsables, y condenar en firme a los que cometan excesos cuando ya han
logrado dar captura a los detenidos, pero hay que desmontar esas falsas
versiones que circulan en redes y en los pasillos de los estamentos internacionales
que dicen que es el Estado el que está matando a los civiles a través de su
ejército y su policía. Eso es poner una cruz encima de nuestras instituciones
de defensa y encasillarlos como el enemigo del pueblo.
En realidad el enemigo está agazapado entre
la multitud incendiando los bienes públicos y privados, generando caos y
destrucción, bloqueando vías, provocando escasez de alimentos, impidiendo la
libre movilización y el derecho de los demás al trabajo. Esos sí son los
verdaderos enemigos, los que nos están matando.
Obvio, de ellos no dice nada la ONU, ni
CNN, ni el New York Times, ni los líderes que están manejando los hilos de esto
que ya no es protesta; ni de ellos suben videos en las redes sociales, pues los
que trabajan para la causa revolucionaria se encargan de editar lo que no les
conviene mostrar.
No veo a ningún internauta que proteste, por ejemplo, contra la quema
del Hotel La Luna en Cali, al que lo redujeron a cenizas sólo porque albergó
por unos minutos a los miembros del ESMAD para que descansaran, dejando a su
propietario en la completa ruina. No veo a CNN, ni a la ONU, ni a la prensa internacional,
ni a Human Rights elevar una voz de
protesta por el CAI que quemaron los terroristas con quince policías adentro,
sin importar que los hubieran podido calcinar vivos. ¿Y por qué no se hace eco de
la ambulancia a la que cogieron a pedradas y no la dejaron pasar aun cuando transportaba
a una mujer en trabajo de parto? No; prefirieron dejar que ella pariera en la
calzada y que la criatura muriera a los pocos minutos por falta de atención médica
oportuna. Sobre eso es que se debiera pronunciar el señor Vivanco de Derechos
Humanos, que más bien parecieran “Izquierdos Humanos”.
Es que hay que ver que no se le puede
llamar protesta pacífica, y mucho menos del pueblo, a un grupo de facinerosos
que atendiendo instrucciones salen a acabar con la infraestructura. Ellos no nos representan. El pueblo salió de manera espontánea a
participar de la marcha en contra de la Reforma Tributaria, y lo han utilizado los
promotores para escudar sus verdaderas intenciones. Al contrario, quienes
tienen en jaque al país son un reducto encargado de cumplir una tarea dentro de
la fase de su Revolución Molecular
para desestabilizar la democracia y tomarse el poder como consecuencia del debilitamiento
de nuestras instituciones. Culpa del gobierno, sí. No cabe duda. Pero culpa también
de los dirigentes del Paro que no han querido llamar a la cordura. Y eran los
mismos que decían que había que sentarse con la guerrilla de las Farc a
negociar la paz.
Yo asumo mi defensa de la policía, como un
patriota colombiano, como muy pocos están dispuestos a hacerlo. Yo me alineo
del lado de la ley. Si no hay bloqueos, ni desmanes, ni saqueos, ni vandalismo,
ni violencia, ellos no tendrían por qué intervenir. No estarían en las calles
detrás de la protesta viendo en qué momento se arma el zafarrancho para
intentar evitar el desastre. No habrían muertos como consecuencia de los
enfrentamientos, tanto de civiles como de los mismos policías que también han
puesto muertos y heridos, y no es justo que esto suceda por culpa de unos actores invisibles que fomentan el odio en la turba aleccionada, todo desde la comodidad
de sus casas.
Claro que el gobierno se equivocó. Claro
que tenemos un presidente confundido, rodeado de asesores que no sirven para
nada, de altos Consejeros que no logran justificar su sueldo, de ministros tecnócratas
que no conectan con la realidad del pueblo. Claro que hay que cortar toda esa burocracia
del Estado y reducirlo a sus mínimas proporciones, y reducir el Congreso, y
acabar con tanta corte corrupta que no condena a los delincuentes. Pero eso no
justifica acabar con un país, ni meternos en una guerra por capricho.
Si lo que queremos es cambiar el gobierno,
y hasta el modelo económico, que sea en elecciones, señores, como lo dicta la
Constitución, así sean las últimas elecciones democráticas que tengamos, a ver
si es verdad que la mayoría quiere el estatismo que los populistas del socialismo venden como la panacea. Pero no decidiremos el destino del país a través de
esta violencia patrocinada por mafiosos, bandas criminales, y políticos corruptos.
La mayoría de los policías están ahí poniendo la cara, exponiéndose a la muerte para protegernos, cumpliendo con el deber para con la patria, y no es justo hacerlos ver como unos asesinos, como lo hacen muchos periodistas, militantes, artistas, y figuras públicas que no conocen la realidad; todos fieles a la causa del progresismo que algún día les pasará factura.
Ahora que se han quitado la máscara y se
aprovecharon del sentimiento del pueblo, ahora sí nos damos cuenta de las intenciones
de llegar al poder que tienen los directores de esta orquesta de violencia en
contubernio con la guerrilla y el narcotráfico. Ahora sabemos que nunca quisieron
hacer una protesta pacífica, sino una revolución. Han chantajeado al país. Nos
engañaron una vez más.
06/05/21
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